Nuevo round judicial por plan pos-PASO que impulsó Rodríguez Saá

San Luis recusó a fiscal y pidió nulidad de fallo que suspende paquete económico hasta el 15-N.

Rechazo. El fiscal de Estado, Eduardo Allende, acompañado por parte del equipo de fiscales puntanos, brindó una conferencia de prensa en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo para anunciar la decisión.

El fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, presentó ayer dos pedidos de apelación ante el Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia, que prohibió días atrás al Gobierno provincial del peronista Alberto Rodríguez Saá implementar medidas económicas hasta el 15 de noviembre próximo, luego de los comicios de medio término.

Allende explicó que en el primer pedido se pide la nulidad de lo actuado y la recusación del fiscal Cristian Rachid, por considerar que no tiene legalidad para actuar como tal y por mantener supuestos vínculos con el Frente “Unidos por San Luis”, que comanda el opositor Claudio Poggi, senador nacional aliado al PRO. En el segundo planteo solicita al juez que revea su decisión por entender que “avanza sobre dos poderes del Estado”, como el Ejecutivo y el Legislativo.

El viernes pasado, el juez federal con competencia electoral de San Luis, Juan Esteban Maqueda, hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por Juntos por el Cambio, que tiene como referente a Poggi, exgobernador en una sociedad ya disuelta con los Rodríguez Saá, que objetó la “utilización de dinero público con fines clientelistas y discrecionales”. Así, los programas anunciados por el mandatario sólo podrán implementarse a partir del 15 de noviembre, después de los comicios.

Las medidas habían sido aprobadas por ley provincial, luego de haber sido consensuadas en el marco del Consejo Económico Social, convocado por Rodríguez Saá luego de las PASO, donde Unidos por San Luis de Poggi ganó con 47% contra 37% del frente Fuerza San Luis de Rodríguez Saá.

Para el fiscal de Estado, lo decidido por la justicia federal “avasalla el federalismo y atenta contra la división de Poderes”. Las ayudas económicas no son entregadas en un “partido político o en una acto partidario” resaltó Allende y advirtió que están destinadas “a toda la sociedad que lo requiera” para salir del estado de “pobreza”. También que el Juzgado Federal podría haber sido “inducido por error” a prohibir las medidas de gobierno, sin tener en cuenta que “no fueron instauradas por decreto, sino por Ley”. “La Provincia solo puede verificar que quien pida la ayuda encuadre en las condiciones pedidas; no hay forma de condicionar el voto porque no podemos saber ni a quién voto ni a quién va a votar”, argumentó.

La resolución judicial impacta sobre préstamos a los agentes públicos, asistencia económica a desempleados, aporte extraordinario para empleados privados y bono para el servicio doméstico, entre otros.