Se agrava la situación gremial en la provincia donde ejerce localía Cristina de Kirchner, que es azotada desde el 1 de abril pasado por una cadena de huelgas y bloqueos a yacimientos petroleros. Ayer, los docentes santacruceños ratificaron la medida de fuerza, que ya provocó la pérdida de 51 días de clase, y rechazaron un decreto anunciado por el gobernador Daniel Peralta de aumento salarial en dos cuotas.
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Además, los maestros agrupados en la Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac) anunciaron que seguirán adelante con los bloqueos a las plantas de LH 3 y Cañadón Seco, lo que provoca la paralización de toda la producción petrolera del Golfo San Jorge, que ya ocasionó pérdidas por 210 millones de pesos, al cumplirse 46 días de bloqueo.
En paralelo, se baraja la posibilidad de que la Justicia declare ilegal el paro y los bloqueos. En ese caso, el Gobierno estaría dispuesto a avanzar con los telegramas de despidos para quienes continúen con la medida de fuerza.
El secretario general del gremio, Pedro Muñoz, confirmó la decisión tomada, y un centenar de docentes se movilizaron hacia el Consejo Provincial de Educación. «La continuidad del paro ha sido ratificada por unanimidad esperando que se abra realmente la negociación que avance a la terminación de este conflicto y no de manera unilateral como lo ha dado el Gobierno a través de este decreto», señaló Muñoz.
El rechazo del aumento del 25%, que el gobernador anunció en la noche del martes por cadena provincial, se definió por la tarde, luego de que todas las asambleas dieran mandato a sus congresales y que el Congreso provincial de la Adosac decidiera ratificar, por unanimidad, el paro por tiempo indeterminado. Por su parte, el otro gremio en conflicto, AMET, pidió dejar de lado el decreto y volver a abrir los canales de negociación para lo cual pedirán la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Asimismo, el secretario general de ese gremio, Raúl Robles, pidió a los «afiliados, docentes, alumnos y padres, a obrar con suma reflexión y prudencia, manteniendo la protesta dentro de los carriles de la paz social, evitando enfrentamientos y desbordes innecesarios, actitud que se impone ante la negativa e irreflexión de quien debe velar por la seguridad y bienestar social, pero que ha abandonado tal función».
Por la mañana, el jefe de Gabinete de la provincia, Pablo González, explicó cuáles son las implicancias en caso de que finalmente la Justicia haga lugar a la Huelga ilegal: una vez que se da comunicación a la autoridad laboral a nivel nacional, se sanciona a los gremios que han hecho «abuso de huelga» y así, la huelga ilegal habilita «el despido con causa».
Si bien aún restan pasos para que la huelga sea declarada ilegal, González explicó que «la ilegalidad de la huelga determina dos consecuencias directas, una es la comunicación que debe hacerse a la autoridad nacional laboral para que ponga cartas en el asunto y sancione a los gremios que han caído en el abuso de huelga».
Mientras, por otro lado, y teniendo en cuenta que «la huelga legal determina como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, que el Estado no puede suspender las prestaciones sociales de aquel agente que está ejerciendo sus derechos de huelga, ni tampoco tiene la obligación de pagarle el sueldo, en el caso de la huelga ilegal además de la sanción, corresponde en su caso de aquella persona que no vaya a trabajar, el despido con causa».
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