Santiago del Estero o la mala intervención

El interventor de la provincia aplica en su gestión todo el manual de gobierno que impuso Néstor Kirchner al asumir la Presidencia de la Nación.Lanusse cambió toda la Suprema Corte, dio vía libre a los piquetes, provocó inseguridad jurídica, fragmentó a la gente entre juaristas y el resto, pobló de gente de Buenos Aires la Casa de Gobierno, persigue al grupo empresario que explota servicios privatizados, como la electricidad, maneja arbitrariamente los planes sociales, pone amplia publicidad en los medios adictos, no da reportajes a los medios opositores y quiere reformar la Constitución, aun por encima de la ley.
A poco de asumir como interventor, el funcionario recomendado por el cesante Gustavo Béliz cambió todo el Tribunal Supremo de Justicia, como se denomina la Suprema Corte santiagueña. La presidencia se la dio a Mabel Ginás, una abogada jubilada por discapacidad física. A Lanusse le advirtieron de ese impedimento. «Lleva con dignidad su discapacidad», fue la respuesta. Ginás asumió y hoy está de licencia por su grave enfermedad; la presidencia del tribunal está vacante.
También sorprendió cuando designó a Ana María Careaga en el Tribunal Supremo. La profesional afrontó cinco juicios penales en San Luis. Dejó su cargo de camarista en esa provincia por un juicio político que la inhabilitó para la función pública. «Eso fue en San Luis, una provincia que manejan los Rodríguez Saá», se justificó el interventor al ponerla en funciones.
Otros jueces que completaron la Suprema Corte vinieron de Buenos Aires, a pesar de que el artículo 182 de la Constitución provincial exige que tengan dos años de residencia en Santiago como mínimo. «¿Acaso ‘ina’Juárez no era gobernadora y tenía domicilio legal en Buenos Aires?», preguntó Lanusse, como si alguien dudara de que la esposa de Carlos Juárez fuera santiagueña.
La primera aplicación del manual del gobierno nacional se hizo con las usurpaciones de viviendas populares. A 48 horas de caído el gobierno de «Nina» Juárez, todas las viviendas que éste tenía en construcción en la provincia fueron usurpadas casi simultáneamente. Ya se había disuelto la estructura juarista que impedía piquetes y usurpaciones.
 Mate y promesas
El recién llegado e inexperto Lanusse les cayó del cielo a los ocupantes ilegales. El funcionario fue a tomar mate con «chipaco,» la típica tortilla de chicharrón, al barrio Juan Díaz de Solís, que alberga a casi 5.000 personas. En ese momento legitimó la usurpación. Les aseguró a los habitantes que no los iba a reprimir y que trabajaría para una solución al problema. Habló con la «indiecita descalza»
-una madre de 8 hijos que se gana la vida lavando autos-, por supuesto, ante una importante cobertura de prensa. Los habitantes juran que Lanusse les dijo, entre mate y mate, que trajeran sus pertenencias.
Días después, sus asesores le explicaron al interventor que con esa actitud paralizaría la construcción de viviendas, porque siempre serían usurpadas. Entonces, Lanusse denunció a los ocupantes a la Justicia y sorteó las viviendas usurpadas entre los anotados en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Ahora los ganadores del sorteo amenazan con recuperar por la fuerza las casas que les adjudicaron. Ya hubo tiros, según el testimonio de Martín Salinas, el representante de los ocupantes del barrio Juan Díaz de Solís.
La seguridad es otro rubro que no tiene para el interventor prioridad. Tal vez así se entienda por qué Lanusse designó a un gendarme al frente de la Policía más cuestionada del país. Es el segundo jefe de policía que nombra en tres meses.
Para José Figueroa, diputado nacional por el PJ y candidato a gobernador en las elecciones de marzo, la corrupción interna hace que la Policía sea «el primer poder de la provincia. ¿Cómo cree el interventor que va a poder gobernar si no la reforma». Figueroa fue uno de los que pidió que intervinieran la provincia después de que su casa fue saqueada, en julio de 2002.
«Es vendible para Buenos Aires terminar con el tirano Juárez o aniquilar los nichos juaristas», opinó Eduardo «Chabay» Ruiz, intendente de La Banda y también candidato a gobernador. En su despacho tiene a sus espaldas colgada en la pared una foto junto con Kirchner enmarcada. Se proclama como el primer kirchnerista de la provincia, pero tomó distancia de la intervención y no hace muchos días mantuvo una alterada conversación telefónica con el jefe de Gabinete nacional, Alberto Fernández. «Son unos soberbios estos porteños», le enrostró «Chabay» a un enojado Fernández. «La diferencia entre éstos y Juárez es que Juárez al menos fue elegido legítimamente», le señaló.
«Chabay» no acepta cómo se va a reformar la Constitución. «Convocaron a un consejo de notables que no son otra cosa que amigos de ellos; ése es el plan de la Universidad Católica. No se olvide que son recomendados por Béliz.»
El intendente, fanático de Racing Club de Avellaneda (de allí su apodo), contó una anécdota: «Fui a la Casa de Gobierno y todos hablan con acento porteño. No dejaron a un solo santiagueño, pero como quieren cuidar la imagen la secretaria privada de Lanusse me atendió y me aclaró que ella era santiagueña... Lástima su tonada porteña».
Según Zamora, intendente de Santiago y otro de los que se postula para la gobernación, «hoy todos se pelean por ser el candidato de la intervención». Figueroa contraataca: «Zamora es parte del plan del juarismo y ‘habay’ cuando ‘ina’asumió como gobernadora, se abalanzaba para besarla».
Las encuestas para gobernador que circulan en Santiago son lo menos coincidente que hay. Las menos serias, obvio, son las que encarga la intervención. En algunas lidera Figueroa; en otras, Zamora; y, en las menos, Chabay. Los tres son los candidatos a gobernar Santiago, por eso el resto busca que la intervención sea su «sponsor».
La preocupación es que la reforma constitucional no va a resistir un reclamo ante la Justicia. «Podemos encontrarnos con un gobernador que sea cuestionado porque tiene mayoría por la nueva Constitución, pero no por la vieja», advirtió José Luis Zabalía, el ex intendente radical de Santiago, otro de los que pidió la intervención de la provincia y ahora desafió a pelear a golpes de puño al interventor.
La inseguridad jurídica también es problema. A su desprolijo intento de cambiar la Constitución la intervención le agrega los ataques contra la privatizada Empresa de Electricidad de Santiago del Estero (Edese), a la que por decreto le suspendió un subsidio de $ 500 mil mensuales que fue otorgado por ley para que genere electricidad desde centrales térmicas sin trasladar al costo el mayor precio del combustible. Además, intentó bajar la tarifa de la empresa en 18%, pero el ente regulador ratificó que esa tarifa debía mantenerse.
Edese pertenece al grupo Ick, y el haber estado cerca de Juárez la hace un blanco emblemático que incluye los escraches de los piqueteros del movimiento Teresa Vive, de buena relación con el gobierno.
El hotel Carlos V, el principal de la capital, que pertenece al mismo grupo, fue invadido por la gente de Castells. «Queremos que bajen el precio del agua para los sectores más pobres», pidió Castells, mientras sus hombres, mujeres y niños de pechera amarilla se dispersaban por las mesas del lobby y la confitería para comer sándwiches y tomar gaseosas provistas por el hotel. «Nos parece bien», le contestaron los directivos de Ick. Castells se fue satisfecho. No sabía que la empresa Aguas de Santiago nunca perteneció al grupo Ick.
Ick, que además tiene una parte del Banco de Santiago, ha demandado no sólo a la intervención, sino individualmente a los funcionarios. «Un día se van a ir, pero van a tener que volver muchas veces para recorrer los tribunales», dicen en el grupo.
Zamora teme que la provincia se llene de juicios por la arbitrariedad de la intervención, que el próximo gobernador deberá pagar. Figueroa cree que hay que renegociar las concesiones y «Chabay» ve atrás de estos embates la búsqueda de popularidad, pero «el pueblo ignora el tema empresarial».
A la provincia no le va mal. Juárez dejó más de $ 600 millones en un plazo fijo producto del superávit fiscal. La demanda de electricidad creció en el último mes 18%; la desocupación es de 11%.
 Efecto sedante
Los planes Trabajar consiguieron el mismo efecto sedante que en el resto del país. Gente que los percibe no acepta ir a ocupar los puestos de trabajo que genera el campo gracias a la soja y el algodón.
El interventor, mientras tanto, imita a su mandante -no ya a Béliz, sino Kirchner- y quiere construir poder; por eso su cartera más fuerte es la de prensa. Esa exposición mediática lo llevó a declarar que encontró un gran déficit porque había números ocultos. Se refería a deuda a vencer en los próximos años que restó de los ingresos actuales para desacreditar a Juárez. Hasta los opositores del ex gobernador criticaron la maniobra; y mucho más cuando Lanusse cambió de opinión y se olvidó del gasto social porque cree que es mejor construir otro palacio legislativo.
A Juárez se lo criticó por su modalidad de caudillo peronista antiguo. Por caso, «Nina» debía ser nombrada como «la ilustre protectora de los humildes y los desamparados» cuando se la presentaba en los actos oficiales. En la administración pública ella nombraba a las mujeres y su marido a los hombres.
La intervención de Lanusse superó todo lo conocido cuando designó a un profesor de música, Marcelo Firpo, como subsecretario de Seguridad en la provincia que tiene más crímenes impunes.
Santiago del Estero ya tuvo 18 intervenciones a lo largo de su historia, la actual difícilmente sea bien recordada.