En Chaco, por ejemplo, el Gobierno de Jorge Capitanich dispuso desmantelar la toma de la plaza principal frente a la Casa de Gobierno.
A contramano de la preocupante facilidad con la que florecen y se repiten los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, algunos gobernadores se atreven a mostrarse intolerantes con los cortes de ruta y las tomas de espacios públicos que golpean a sus distritos y avalan los desalojos de los activistas.
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En las últimas horas, por caso, fueron desarticulados un bloqueo de la Ruta Nacional 11 y el copamiento de la Plaza 25 de Mayo de Resistencia (Chaco), y un corte de la Ruta Nacional 12 (Misiones), con el guiño del mandatario justicialista Jorge Capitanich y de su par del Frente Renovador, Maurice Closs, respectivamente.
Semanas atrás, corrieron igual suerte una protesta sobre la Ruta Nacional 3 en Caleta Olivia (tierra que gobierna el peronista Daniel Peralta) y un tijeretazo del puente Rosario-Victoria, en el marco de una protesta de pescadores contra el socialista Hermes Binner (Santa Fe).
Orden judicial mediante, las policías provinciales o la Gendarmería -según la jurisdicción que corresponda- actuaron en esos casos con el respaldo político de los mandatarios, deseosos de evitar que una política pasiva frente a este tipo de protestas derive en un inevitable contagio hacia otros sectores que haga inmanejable la provincia.
En todos los casos, están frescas aún las postales de 2001, cuando la ristra de piquetes diarios en todo el país eran moneda corriente. También pesa, como elemento negativo, el fatal desenlace de la orden de desalojo impartida en Neuquén en 2007 durante el Gobierno de Jorge Sobisch, que derivó en un violento accionar policial en la Ruta Nacional 22 y la posterior muerte del docente Carlos Fuentealba.
Veamos algunas de las instantáneas que se vivieron en los últimos días en el interior:
El caso más emblemático se vive en Chaco, donde en un marco de tensión, ayer, la Policía desalojó con 550 efectivos la central Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, acosada por un acampe de más de 70 días protagonizado por activistas de diferentes movimientos sociales del Gran Resistencia. La avanzada se dio con disturbios y dejó un saldo de 29 detenidos y varios heridos.
Previamente, manifestantes enrolados en el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados habían atacado con piedras el frente del Ministerio de Desarrollo Social, generando fuertes destrozos. Tras los disturbios, la titular de la cartera, Beatriz Bogado, advirtió que los movimientos sociales que incurran en actitudes violentas no podrán ser beneficiarios de entrega de alimentos y de becas.
Violencia
El ministro de Gobierno, Juan Manuel Pedrini, denunció «una escalada de violencia» y justificó la decisión de desalojar la plaza, por orden de la Justicia de Faltas. En esa línea, remarcó que los manifestantes, además, «destruyeron el frente del Ministerio de Desarrollo Social» y se quejó del «clima de beligerancia, con personas con el rostro cubierto deambulando por el centro de la ciudad». También explicó que «se incautaron 19 bombas Molotov, cuchillos y otros elementos contundentes».
«Este Gobierno tuvo que tomar esta decisión necesaria para evitar males mayores», argumentó el funcionario de Capitanich, y recordó que «gran parte de la sociedad nos reclamaba poder hacer uso de la plaza». En ese marco, enfatizó que «el Estado actuó con responsabilidad» para «permitir a los habitantes de Resistencia el pleno uso del espacio que pertenece a todos». «El Ministerio de Gobierno asume la plena responsabilidad del desalojo de la plaza y agradece al personal policial», agregó.
El martes pasado, la Policía había desalojado -a partir de una orden también del Ministerio de Gobierno- un corte de la Ruta Nacional 11 por parte de 250 manifestantes de distintos movimientos sociales, que portaban bombas Molotov y clavos miguelito.
«Lamentablemente, no contamos con el acompañamiento que quisiéramos de la Justicia», dijo en esa oportunidad Pedrini.
En Misiones, en tanto, efectivos de Gendarmería -por orden del juez federal Ramón Chávez- evitaron el martes que un grupo de oleros (en reclamo de asistencia a la represa Yacyretá) volviera a cortar la Ruta Nacional 12, a la altura de Posadas.
La intervención judicial para prevenir nuevos piquetes había sido reclamada por el ministro de Gobierno, Jorge Franco. «Las personas tienen todo el derecho a protestar, pero sin cortarle el derecho al otro a transitar libremente; Gendarmería actuó por una orden judicial y por suerte encontramos eco en nuestros pedidos», aseguró el funcionario de Closs.
En sintonía, en Santa Cruz el 28 de agosto la policía dispersó con incidentes -orden judicial mediante- a un grupo de desocupados que cortaba la Ruta Nacional 3, en Caleta Olivia, en reclamo de puestos de trabajo. El ministro de Gobierno, Alberto Barreto, dijo que los manifestantes «amenazaban con volar camiones con combustible». «Creo que evitamos una tragedia», enfatizó, además de remarcar que «la instrucción fue evitar fricciones, pero la Policía fue recibida con piedras, bombas Molotov y tiros».
En Santa Fe, en tanto, efectivos policiales desalojaron semanas atrás a pescadores que cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria, en demanda de subsidios. La protesta había generado un gran congestionamiento de tránsito. «El gobernador Binner mandó a la Policía a reprimir», denunció el secretario general del Sindicato de Pescadores, Carlos Villarreal.
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