Sigue paro en hospitales neuquinos

La propuesta oficial que presentaba el subsecretario de Trabajo se basa en dos ejes: el reordenamiento de los escalafones, que apunta a beneficiar a los puestos de menores ingresos, y una oferta de mejora salarial generalizada para todos los sectores. Esta última propuesta prevé un incremento de 10 millones de pesos para atender en forma adicional el pago de salarios en salud que se sumaría a los 15 millones que el gobierno otorgó desde que se inició el conflicto, en octubre último (que reportó un incremento promedio de $ 360 por agente). De los 10 millones, 8 estarían atados al «presentismo», un dato clave en la mesa de negociación considerando que los sectores más radicalizados se niegan a discutir esa cuestión. Por el contrario, la provincia insiste en que el índice de ausentismo se ubica entre 20% y 30%, y que la oferta promueve, entre otras cosas, «corregir» esa problemática. Cabe recordar que cuando se inició el conflicto en el sector salud, en octubre, el gremio exigía un incremento de 100 millones de pesos sobre el presupuesto de 156 millones de pesos que la provincia destina para atender la masa salarial de salud que se distribuye sobre un total de 5.337 agentes. Con el correr de los meses, el pedido se redujo a la demanda actual de 80 millones adicionales que, aun así, dista mucho de los 10 millones que ayer contenía la oferta oficial.
 Cautela
Por eso, se advertía en el orden local que la propuesta sería analizada con mucha cautela desde los gremios y se observaba con preocupación la convocatoria a un nuevo paro por parte del gremio, esta vez por 72 horas, que implicaría paralizar los hospitales hasta el sábado próximo.
Por su parte, la Justicia comenzó a enviar el lunes 18 las primeras citaciones al personal de enfermería ante una presentación de la provincia por presunta falta de atención a los pacientes. Desde el gobierno se argumenta que se hicieron, por lo menos, «abandono» de 8 pacientes de neonatología en el Hospital Castro Rendón, principal nosocomio de la capital provincial. Fuentes oficiales alertan, además, que por tratarse de empleados públicos, las citaciones originan sumarios internos y descuento de haberes que no afectan a los delegados sindicales, amparados en su condición de gremialistas, sugiriendo así que el conflicto podría dividir posiciones en el marco de una protesta que por su duración desgasta a los propios protagonistas y pone en riesgo a la población.
El gremio, en tanto, ratificó en la víspera su rechazo a la convocatoria de conciliación obligatoria que emitió el viernes último la cartera de trabajo provincial justificando que esa atribución le corresponde exclusivamente al Ministerio nacional.