26 de septiembre 2006 - 00:00
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«La provincia y el pueblo argentino deben comprometerse en todos sus estamentos para buscar a este amigo», señaló. «No tiene nada que ver con una desaparición cualquiera, porque esta desaparición es clave», insistió el mandatario.
Publicidad en televisión, pegatinas en la vía pública y operaciones de rastreo forman parte de la estrategia para reforzar la búsqueda del gobierno bonaerense, que ha cuadruplicado la recompensa (unos 64.000 dólares) que ofrece a quien informe sobre el paradero de López.
La Policía maneja tres hipótesis: que el septuagenario, que padece mal de Parkinson, haya sufrido un shock y esté perdido, que se haya suicidado, o que haya sido secuestrado.
En tanto, organizaciones de derechos humanos emitieron numerosos comunicados a la prensa con el objetivo de reclamar la «inmediata aparición» de López.
El gobierno provincial también consulta diariamente los movimientos de hospitales, centros de salud mental y cementerios del distrito. La administración pidió además que todos los ciudadanos que puedan aportar datos se comuniquen con el 911 e inició rastreos a pie, a caballo y en helicóptero. También se dispuso por decreto la instrumentación de un Programa de Vigilancia y Atención de Testigos en Grado de Exposición en Buenos Aires.
Por otra parte, el fiscal federal Carlos Dulau Dumm, quien instruyó la causa contra Etchecolatz, recordó que hace dos años fue secuestrado y amenazado por su participación en los «Juicios por la Verdad».
El 26 de julio de 2004, Dulau Dumm fue obligado por un grupo de personas a subir a un auto de color blanco a unas diez cuadras de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires.
Lo obligaron a mirar el piso del vehículo y lo llevaron a recorrer las calles céntricas de La Plata mientras lo amedrentaban verbalmente por su participación en los «Juicios por la Verdad». Además, lo amenazaron por el proceso judicial que terminó con la condena a Etchecolatz y al médico policial Jorge Bergés por la apropiación de una niña nacida en un centro clandestino de detención durante el último gobierno militar.




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