Solá quiere acelerar por ley los fallos judiciales

La iniciativa aún se encuentra en proceso de redacción y apunta a jueces, fiscales y defensores oficiales de Buenos Aires, sectores del gobierno con los cuales el Ejecutivo ha chocado en repetidas oportunidades, en especial, por causa de los superpoderes que fueron dados por ley a la Subsecretaría de Ingresos Públicos que comanda Santiago Montoya.
La iniciativa de Solá ya fue transmitida a los Colegios de Magistrados y Abogados de la provincia por legisladores oficialistas pertenecientes a la Comisión de Asuntos Constitucionales de ambas cámaras.
Si todo avanza por los carriles que espera el Ejecutivo, los jueces comenzarán a ser examinados por una mesa tripartita y descentralizada que contará en su poder con índices de productividad laboral, los cuales serán tomados como parámetro para la evaluación.
Aquellos con expedientes positivos serán reconocidos, mientras que quienes muestren resultados negativos podrán ser castigados. Aun así, si bien la decisión apunta a establecer «premios y castigos, resta todavía trabajar a fondo sobre estos procesos de monitoreo».
Solá ya había intentado impulsar un proyecto de este tipo a principios de 2004, a través de una reforma judicial integral que proponía -entre otras cosas- evaluar el rendimiento de los funcionarios, para determinar cuántas sentencias y dictámenes firman, bajo la meta de agilizar la Justicia y generar un mayor número de fallos.
Uno de los principales puntos que determinaron la preocupación del Ejecutivo en ese entonces fue el avance contra los desarmaderos clandestinos, cuando se acusaba a los magistrados de liberar en forma automática a los detenidos capturados durante los intensos operativos.
 Reforma en Santa Fe
Por su parte, los tres poderes del Estado provincial de Santa Fe firmaron este miércoles un acuerdo para iniciar un Plan Estratégico para la Reforma de la Justicia. Este abarcará «una modernización normativa de los procesos judiciales, una revisión de las competencias, fueros, jurisdicciones judiciales y toda la geografía judicial en orden a su realidad actual, con la finalidad de orientarla al servicio de los ciudadanos y posibilitar un acceso más sencillo e inmediato de la comunidad hacia el poder encargado de impartir justicia», según se comunicó tras el anuncio.