Un mínimo no imponible también para las pymes

El desarrollo económico y social de las distintas regiones de nuestro país muestra una gran desigualdad. Existen provincias que tienen un buen desempeño de sus economías, como por ejemplo, Santa Cruz, con un producto bruto geográfico (PGB) per cápita de $ 26.299, Neuquén con $ 20.674 o Chubut con $ 20.179, y otras, como en los casos de Santiago del Estero, Formosa o Chaco (PGB per cápita de $ 3.180, $ 3.413 y $ 4.977 respectivamente), exhiben un desempeño desfavorable.
Por ello considero indispensable aplicar políticas activas que estimulen el crecimiento de las pymes en aquellas regiones más perjudicadas, a los fines de lograr un desarrollo armónico de nuestra Nación. Brindando un marco legal que estimule las inversiones y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, se logrará el crecimiento de la economía en general, aplicando con mayor intensidad los incentivos en las regiones más rezagadas, obteniendo así un progreso más homogéneo y equitativo de las economías regionales.
En la Comisión que presido se han abordando propuestas que permiten incrementar la competitividad de las pymes, en especial las que son parte de las economías regionales menos desarrolladas.
Una de ellas es reducir o eliminar los derechos de exportación que recaen sobre los productos de las economías regionales. Esto permitirá ganar competitividad, defender los mercados actuales y conquistar nuevas oportunidades de ventas en el exterior, estimulando el desarrollo de aquellas economías. El costo fiscal por la reducción de ingresos por derechos de exportación se compensará con el incremento en la recaudación de tributos tales como Ganancias, Débitos y Créditos, Ganancia Mínima Presunta y contribuciones patronales.
Se planea asimismo implementar un plan de facilidades de pago para que las pymes puedan regularizar su situación impositiva y previsional, con cuotas de valores móviles, ligados al nivel de actividad del contribuyente.
Además, para aquellos contribuyentes pymes que tengan una excelente conducta fiscal, se ha pensado en la posibilidad de premiarlos a fin de año, otorgándoles un certificado de crédito fiscal que podrá imputarse contra pagos de impuestos del próximo ejercicio fiscal, en 12 cuotas iguales y consecutivas. Otro tema en estudio es adecuar los plazos de pago del IVA a los períodos de cobro que posean las pymes, de manera de no ahogarlas con el peso financiero de pagar este impuesto por anticipado, lo que muchas veces atenta contra su capital de trabajo e incluso su viabilidad.
También estamos estudiando la posibilidad de incorporar un mínimo no imponible en Ganancias para las pymes, de forma de reducir la carga impositiva en períodos de baja rentabilidad, ayudando a la empresa a superar su coyuntura desfavorable.
Para facilitar el acceso el crédito impulsamos cuatro importantes propuestas:
La primera consiste en reformar la Ley de Sociedades de Garantías Recíprocas (S.G.R) que permitan incrementar el fondeo de las entidades financieras públicas -entre ellas el Banco Nación-. En este sentido, creemos importante aprobar el proyecto que se está sancionando en Diputados y luego trabajar en un proyecto de actualización y más de fondo en el Senado.
La segunda es una modificación en la carta orgánica del Banco Nación que permita a los gerentes de sucursales regionales autorizar créditos por un monto mayor al que actualmente pueden autorizar, sin remitir la carpeta a la Casa Central.
La tercera propuesta es una comunicación que el Senado ha mandado al Ministerio de Economía y Producción, y al BCRA, en un proyecto de mi autoría, en el que me acompañaron otros Senadores, referido a normalizar o estandarizar los requerimientos que deben cumplir las pymes para acceder a un crédito bancario.
Por último, hemos impulsado nuevamente la Ley de Capitalización de las Pymes, que fue presentada en el año 2005 por el Poder Ejecutivo y que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero que finalmente no prosperó. Nuestro proyecto (expte. S-2653/08) permite que las empresas que reinviertan sus utilidades puedan deducirlas de Ganancias, con un cupo fiscal de mil millones de pesos para el primer año, que en los sucesivos períodos será fijado por la Ley de Presupuesto. De esta manera, el costo fiscal estará acotado, principal obstáculo que no pudo superar el proyecto anterior.
El objetivo es aumentar el nivel de inversión, incrementando la capacidad de producción y la oferta de bienes y servicios. De esta manera, se abastecerá el incremento de la demanda interna, controlando el creciente nivel de inflación.
En otro orden de cosas, estamos estudiando una modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo que permita al trabajador que se accidente o fallezca en el ámbito laboral un resarcimiento económico suficiente para compensar el daño ocasionado; y por otra parte permita tener a las pymes una cierta previsión sobre los montos indemnizatorios a afrontar judicialmente, una vez que se pongan límites a los reclamos por «doble vía» (ART y fuero civil). La actualización de los montos indemnizatorios puede constituir un principio de solución.
Estos son algunos de los proyectos que integran el Programa Nacional de Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en el que se está trabajando en la Comisión que presido.