Opiniones

Año electoral será más duro también para las grandes empresas

El 2019 será duro económica y socialmente y, a la vez, clave para el futuro de la Argentina. La ciudadanía deberá elegir entre la continuidad del proyecto neoliberal o una política de desarrollo que otorgue centralidad al trabajo y la producción para salir de la crisis del actual modelo y construir otro futuro posible.

Hasta 2015, la economía argentina tenía por delante el desafío de superar la restricción de dólares, fruto del crecimiento acelerado de los años previos, la endémica fuga de capitales -que recién pudo controlarse a fines de 2011- y las condiciones internacionales que había engendrado la crisis desatada en 2008 en Estados Unidos. Sin embargo, la política económica doméstica garantizaba el crecimiento, la generación de empleo, el consumo –y una demanda robusta para quienes producen-, junto con la protección estatal de los más vulnerables y, al mismo tiempo, el desendeudamiento. Se tenía, hasta entonces, un modelo que privilegiaba la producción y el trabajo, aunque aún quedaba un largo trecho para alcanzar el desarrollo económico y social que anida en las expectativas de la enorme mayoría de los argentinos.

A partir de diciembre de 2015, se quebró abruptamente el camino que el país venía recorriendo. A tres años de gestión Macri, ha quedado expuesta la falacia de que el neoliberalismo basado en la especulación financiera, la fuga y el endeudamiento pueda traer algo bueno para la Argentina. Más: el neoliberalismo de nuestros días acelera la tasa de concentración del capital, comandado por las finanzas internacionales, recortando cada vez más los espacios para los capitales de las naciones en vías de desarrollo. No se trata sólo de bajar salarios a niveles de subsistencia sino de apropiarse de mercados, capitales y recursos y rentas estratégicos, en los que son ricos los países de nuestra región. Por eso, no son casuales los acuerdos con Gran Bretaña liberando, en su favor, la explotación de recursos estratégicos en Malvinas, o el reemplazo de capitales nacionales en el desarrollo de Vaca Muerta por otros de origen estadounidense.

En ese orden de cosas, no sorprende que hayamos cerrado el año con desplome del consumo expresado en la caída de 6,9% en las ventas minoristas: en 2018 todas las paritarias estuvieron por debajo del 48-50% en que se ubicará la inflación. Desde noviembre de 2015 el salario mínimo vital y móvil cayó 25%, y 19,6% el salario privado registrado. Para 2019 el Gobierno pretende fijar el techo salarial en 23%, basado en la pauta mentirosa de la ley de Presupuesto, que contrasta con una política decididamente inflacionaria. De hecho, ya se anunciaron los primeros y muy fuertes aumentos de 2019 en luz, gas, agua, transporte, prepagas. Además, la tensión cambiaria no está resuelta y los dólares del FMI para que Macri pague la deuda que tomó sin caer en default no alcanzan para hacer frente a otras fuentes de demanda de divisas, por lo que la devaluación puede profundizarse y, con ella, la inflación cambiaria. Sobre la base de ese escenario, Proyecto Económico estimó en 35% la inflación para este año, lo cual dejaría a la pauta salarial del gobierno 12 puntos por debajo del aumento de precios.

Por otra parte, tal vez sí resulte una sorpresa que el capital nacional –no sólo las pymes sino las grandes empresas- tampoco está invitado a la fiesta neoliberal. Del análisis de 65 balances, Proyecto Económico concluyó que en el tercer trimestre de 2018 aumentaron 64% las empresas con resultados negativos, en comparación con 2015. En la industria, 38 empresas acumularon pérdidas por $8.775.384.301, cuando en 2015 habían ganado $2.934.107.720, mientras que 16 empresas de servicios perdieron $5.997.439.693 contra ganancias de $4.545.047.557 en 2015, y 3 empresas comerciales tuvieron pérdidas de $583.937.600 cuando habían ganado $658.805.991 en 2015.

Los resultados a 2018 muestran que el modelo antiproductivo de Cambiemos incentivó el endeudamiento en dólares de grandes empresas con la banca local y con el exterior, mientras pulverizó el mercado interno, dinamitó la competitividad con tarifazos en energía y transporte y el encarecimiento del financiamiento, abrió unilateralmente las importaciones que compiten con la producción nacional y desalentó toda inversión en la economía real, fomentando la especulación: en 3 años la actividad industrial, medida por el Estimador Mensual Industrial, cayó 10,5% y se destruyeron 116.000 puestos de trabajo industriales.

Las empresas pierden por el derrumbe de la actividad económica mientras sus pasivos amenazan con poner en jaque la sostenibilidad de los balances, cuando el riesgo país por encima de los 800 puntos obtura la renovación de las deudas y las exorbitantes tasas tornan prohibitivo el financiamiento doméstico: hasta 2015 las tasas de interés de adelantos en cuenta corriente de más de $10 millones (para empresas medianas y grandes) oscilaron entre 20 y 30%, mientras hoy alcanzan el 60-70 por ciento. En tanto, la ¿propuesta? del Gobierno es implementar el ajuste del FMI, buscando reducir el riesgo país para (hipotéticamente) acceder a los mercados de crédito. ¡Para endeudarse se busca achicar la actividad, lo que hace más insustentable el endeudamiento! Lo cierto es que la tasa interna de rendimiento de las Obligaciones Negociables (ON) aumentó de alrededor de 2% en dólares en 2015, para superar el 13% en la actualidad: el financiamiento está vedado para las empresas. En 2018, la emisión de ON en el exterior no alcanzó los $25.000 millones: en dólares, poco más de un tercio de las colocadas en 2015.

La insustentabilidad del modelo de liberalización comercial y financiera, expuesta con la reversión del flujo de capitales en 2018, deprimió el valor del Merval en dólares (en noviembre representaba apenas el 45% de su valor en enero). El desprendimiento de las acciones de grandes empresas y de los títulos públicos en dólares ante el escenario de insolvencia creciente incrementó drásticamente el riesgo país. Sin los u$s57.000 millones del FMI el país tendría serias dificultades de pago, dificultad que sigue latente en el caso de las empresas ya que los dólares disponibles no cubren las necesidades de los privados.

La realidad del presente debería servir para confirmar que el neoliberalismo subordina a la economía nacional a las decisiones del capital financiero internacional, exponiéndola a altos grados de volatilidad y riesgo sistémico, junto con la desindustrialización resultante del fomento de la especulación en detrimento de la producción y la apertura comercial que somete a las empresas a competir con economías subsidiadas y con niveles de protección arancelaria y paraarancelaria muy superiores a los sostenidos por los gobiernos neoliberales periféricos, en un proceso que pauperiza el trabajo y destruye el capital. También, para concluir que, en economías como la nuestra, la pretendida disputa entre capital y trabajo es una falsa dicotomía, funcional al debilitamiento de una unidad estratégica clave para cimentar un proyecto de desarrollo nacional que se constituya en política de Estado, sostenida aún en la alternancia de gobiernos, privilegiando el crecimiento de nuestra economía y el bienestar de los argentinos aplicando los recursos, riquezas y ahorro nacional a la construcción definitiva de la gran Nación que Argentina debe ser. Es ese el otro camino que los argentinos tendremos la posibilidad de elegir este año.

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