Dicen en el campo...

...que la reunión de los próximos días en la Comisión de Trabajo Agrario, área que funciona en la órbita de la ministra Graciela Camaño, puede ser bastante más ríspida que las anteriores. Es que se tratará el nuevo aumento de $ 50 para el salario del peón rural y, esta vez, las entidades del sector «prometen» actuar en forma conjunta, con el criterio de que tal suma se apruebe en cada provincia dadas las diferencias que existen entre ellas. Esto impediría que el nuevo titular de la Comisión, Julio Aren, pueda ejercer su doble voto (como en ocasiones anteriores) imponiendo así el criterio oficial. Naturalmente, los principales interesados en la cuestión -también como siempre- son los sindicalistas, en este caso, de UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) que, aunque los incrementos siguen siendo «no» remunerativos, igual perciben los aportes sindicales y para la obra social, sin tener para nada en cuenta que la mayoría de las empresas PyMe (mayoritarias en el campo) no están en condiciones de absorber esta nueva suba. De ahí que, en este caso, ni la amistad que parece unir a Gerónimo Benegas, el titular del gremio, con Aren, le alcance para poder lograr la decisión a nivel nacional.

...que éste no es el único problema que enfrenta el «Momo» Benegas por estos días, ya que a pesar de su promocionada «amistad» con el presidente Eduardo Duhalde (que últimamente parece bastante menos mediática), no llegaría a cerrar todos los temas pendientes. Y uno de ellos es lograr que los vitivinicultores de Mendoza o los citricultores entrerrianos, entre otros, caigan dentro de UATRE, que resisten con fundamentación ya que ahora cuentan, por ejemplo, con muy buena obra social, lo que no ocurre con Ossprera que es la del gremio rural. Pero la insistencia de Benegas es justificada ya que esto, estiman, representaría cerca de $ 2 millones más para el sindicato y también para el Renatre (el Registro Nacional de Trabajadores Rurales) que ahora debe comenzar a hacerse cargo de los seguros de desempleo y parece que no tiene con qué. El asunto parece que complica también al nuevo titular del registro, «Cacho» Guerrieri, representante de la Sociedad Rural Argentina que preside Luciano Miguens, quien acaba de asumir el cargo que, «casualmente» dejó Benegas. Se estima que, si efectivamente se pone en marcha el registro y la Libreta Rural, pueden producirse una catarata de juicios, en parte, por la incapacidad de afrontarlos en su totalidad, pero también por la desigualdad entre los aportes, ya que todos estarían recibiendo $ 150, sea peón o encargado, y no más de 6 meses los permanentes.

...que es evidente que el sector está de malas. A la tardía «ruptura» con el gobierno, se le suman varios otros temas entre los que la falta de efectivización -real- de la autarquía del INTA no es un tema menor y que, como la mayoría de los otros, también se encuentra en la órbita de Economía (más exactamente, en la del secretario de Hacienda, Jorge Sarghini), que no acepta independizar los fondos del organismo. «Es evidente que el campo no registra peso político para estas autoridades. El mismo día que Duhalde avaló el 'no' del ministro Roberto Lavagna a reconsiderar el tema de Ganancias y del IVA, aparecía un nuevo plan canje para automotores y un aporte para el sector financiero. La gente del interior está a las maldiciones con los funcionarios y también con sus propios dirigentes», reconocían productores de distintas zonas al justificar, además, medidas de acción directa disparadas por los zonales, con independencia de la órbita nacional.

...que de todos modos, poco o nada es lo que se puede esperar de la actual gestión, y los temas pendientes (la mayoría) pasarán a constituir parte de la «herencia» de la nueva administración, como los juicios al Estado disparados por el sector frigorífico, por lo daños causados a estas empresas por la reaparición de la aftosa, lo que les cerró los principales mercados de exportación. El asunto se reavivó por la Ley 24.732 que, hace pocas semanas, volteó el Decreto 732, sancionado durante la gestión en Agricultura de Marcelo Regúnaga en 2001 que, si bien consideraba una serie de beneficios para este sector industrial hasta que se reabrieran los destinos más estratégicos, obligaba a desistir de cualquier acción judicial o administrativa contra el Estado. Al margen de los cuestionamientos a la juridicidad de aquella medida, y del reconocimiento implícito en la misma de la responsabilidad del sector oficial en los hechos que determinaron el daño, ahora las empresas, con el riesgo de la prescripción, tratan de cubrirse al menos, manteniendo el derecho a reclamar eventualmente un resarcimiento lo que, de ocurrir, sería también en el próximo gobierno.
  
...que entre inédito y bochornoso se podría calificar el acto del que, la semana pasada, tomaron parte funcionarios del Ministerio de Justicia y algún asesor del titular de la SIDE, Miguel Angel Toma, aparentemente para «relanzar» el Pronaserar, el programa de seguridad rural que, insólitamente, no parece depender ahora del Ministerio del Interior, y está en la órbita del subsecretario Ricardo Roqué. Como si el tema de los robos y cuatrerismo en las zonas rurales no fuera importante (y con un llamativo crecimiento preeleccionario), los propios convocantes discutían entre sí por los fondos del programa (que, aparentemente, tampoco existen) y sobre un «relanzamiento» que, dadas esas circunstancias, no tiene ninguna razón de ser ya que no hay con que afrontar las eventuales acciones contra los crecientes ilícitos. Y todo, ante la mirada más que desconcertada de los representantes de las entidades del campo, que nunca supieron para qué fueron convocados.