"Falta política en riesgos climáticos para el campo"

El sector agropecuario debe tener una política de Estado para atender los riesgos climáticos y comerciales, una política que le asegure al productor las inversiones realizadas y su estabilidad social a través de los años.

Los tres instrumentos de dicha política deberían ser una nueva ley de emergencia agropecuaria, una política de seguros agropecuarios y disponer de un fondo permanente para atender los desastres y las catástrofes no previsibles.

Lo primero que hay que dejar claro es que la ley de emergencia no es antagónica al seguro agropecuario ni lo puede reemplazar. Tampoco estos dos instrumentos pueden cubrir los riesgos por desastres y catástrofes que son responsabilidades indelegables del Estado y deben ser atendidos con un fondo permanente para cubrir dichos eventos.

Por eso es fundamental, para quienes tienen que proponer y legislar, asumir que por muchos años tienen que complementarse estos tres instrumentos y, en función de la experiencia y el seguimiento de un trabajo institucionalizado en conjunto -público y privado-, poder definir el mejor sistema para atender los cambios climáticos y económicos que vienen sucediendo -lamentablemente para todoscon-mayor frecuencia en estos-últimos años por el calentamiento global.

Los países que más rápido avanzaron en este tema instrumentaron mecanismos directos o indirectos para generalizar el uso del seguro sin que el sistema sea obligatorio. Entre ellos, puedo mencionar la excepción de impuesto y el subsidio directo a la prima, y todo otro método de inducción al uso del seguro, como puede ser una menor tasa de interés en los créditos de los bancos oficiales que usen seguro o que sirva parte de la prima por el seguro como pago de la tasa o impuesto provincial.

No quiero dejar de mencionar en mi propuesta que el mayor protagonismo les corresponde a las provincias y a los municipios, porque están más cerca del productor. A la Nación le corresponde fijar la política nacional; y a las provincias, que adhieran a ésta.

Otra forma de incentivar el uso del seguro es disponer que la nueva ley de emergencia agropecuaria no cubra los créditos de los bancos oficiales, por lo cual todo productor que quiera asegurar su inversión tenga que tomar un seguro, decisión que directamente debería bajar las tasas de interés generales del banco, al no tener inmovilizado capital por emergencia agropecuaria de bienes que sean asegurables.

Los países que implementaron este tipo de políticas concluyeron que era más barato para el Estado un sistema mixto público-privado que hacerse responsable de atender en forma directa y con sistemas obligatorios los riesgos climáticos. Incluso, los países más avanzados dispusieron que, para atender con fondos públicos los desastres o las catástrofes de un productor, éste tiene la obligación -para poder cobrar ese beneficio-de asegurar todos los bienes asegurables en su predio.

Con esto, se induce al uso del seguro, se solidariza más el sistema y se ayuda a orientar más eficientemente el gasto del Estado. Para que un sistema de seguro moderno sea efectivo tiene que evitar la autoselección por zonas o cultivos, implementando políticas nacionales y provinciales que permitan ir generalizando su uso en todo el país y con alcance a todas las producciones con seguros que sean técnicamente sólidos y económicamente accesibles al productor.

Perjuicios

Nunca más se puede pretender tener políticas permanentes para cubrir los riesgos climáticos con sistemas obligatorios, porque la falta de competencia le saca competitividad al sistema y la corrupción que provoca perjudica principalmente a quien se quiere proteger, en este caso, al productor.

Tampoco se pueden unificar en una sola propuesta los tres instrumentos de política para cubrir los riesgos climáticos: la emergencia agropecuaria, el seguro agropecuario y el fondo para desastre y catástrofe. Cada uno tiene una función que cumplir y debe actuar de manera independiente, pero relacionado en función del objeto principal del sistema, que es cubrir las necesidades de cada productor en forma eficiente para potenciar el sistema y optimizar los recursos públicos y privados.

Todos los países desarrollados y los países en desarrollo que tienen políticas específicas para sus productores aplican este tipo de políticas activas porque no va en contra de ningún sistema económico. Todo lo contrario: potencia los intereses del conjunto de la comunidad por la mayor producción y exportación, y aumenta los recursos del Estado para que pueda atender en tiempo y forma los graves problemas sociales del país. No es casual que esta política para cubrir los riesgos climáticos esté reconocida por la OMC, con subsidio de hasta 50% a la prima en los seguros individuales y de hasta 80% en el seguro colectivo a un grupo de pequeños productores.

En honor a la verdad, es mucho lo que se ha realizado en estos últimos años. El accionar y la imaginación de la actividad privada permitió llegar a cubrir 35% del área sembrada en el último ciclo medido. Hay también una muy buena experiencia de lo que puede hacer la sinergia del sector público y el privado, como la experiencia que está en vigencia en la provincia de Mendoza para cubrir los riesgos del granizo -como algún otro emprendimiento en alguna otra provinciacon el apoyo del ORA, el INTA y la Subsecretaría de Finanzas y Seguros de la Nación. Pero hasta ahora el gran responsable de la falta de una política integral es el Estado, porque siempre privilegia el tema de la recaudación fiscal por sobre este tipo de políticas.

Hay que asumir que no hay ninguna posibilidad de poder pasar de 35% del área sembrada asegurada a 60% -como sería la próxima meta-y bajar el costo de la prima del seguro sin una política de Estado institucionalizada entre el sector privado y el Estado para que vuelva previsible el sistema.

Salir del dilema

No podemos seguir encerrados en el dilema del huevo o la gallina: primero incentivemos y aseguremos el aumento de la producción, para tener después mayores ingresos y llevar a cabo las políticas públicas que precisan la gente y el país.

Por todo lo expuesto, no debe ni puede seguir soslayándose esta necesidad del productor y del país en la actual situación económica. No es una propuesta que le signifique sacrificar recursos fiscales al Estado. Todo lo contrario: es darles previsivilidad a la producción y al productor para poder aumentarla. Las entidades y el gobierno tienen la obligación de restablecer el diálogo -por lo menos, para buscar consenso para este tipo de propuestas concretas-, porque son las que necesita el productor diariamente en cualquier sistema económico de producción que se ponga en vigencia.