La guerra por los recursos que la Corte Suprema de Justicia le devolvió a la Ciudad de Buenos Aires puso, en las últimas horas, aún más en riesgo la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias en el período estival. La hipotética convocatoria, solo potestad del Ejecutivo, quedó cruzada por las denuncias penales y pedidos de juicios políticos que se presentaron y seguirán acumulándose en las próximas horas.
Congreso: guerra por los recursos de la Ciudad frena intentos de activar sesiones extraordinarias
Los representantes de Juntos por el Cambio movilizaron todo su arsenal legal y legislativo para defender la plata que quitó la Casa Rosada a los porteños y que la Corte Suprema devolvió días atrás. El interbloque Federal, que define el quorum, exige un nuevo pacto “fiscal federal”.
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Al frente de la puja contra el Presidente estuvo el macrismo de Juntos por el Cambio. “El incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país. Tenemos que decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones. No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia”, señaló el principal espacio opositor.
Después, los partidos se dividieron. Por un lado, la Coalición Cívica, el PRO y Republicanos Unidos realizaron denuncias penales, mientras el radicalismo deslizó que, para las próximas horas o mañana, tendrá presentado una solicitud de juicio político contra Alberto Fernández. Claro está que, sin los dos tercios en ambas Cámaras, la última opción se convierte en algo de imposible viabilidad.
En tanto, las bancadas con menor representación pero con gran poder decisión -tienen en sus manos la posibilidad de habilitar el quorum- bucearon otras opciones, como el interbloque federal, que comanda Alejandro “Topo” Rodríguez.
“Hay que encontrar un instrumento legal mediante el cual la Nación resigne recursos en función de equiparar al resto de las provincias. Por ejemplo, la Nación podría -por una década- distribuir entre las provincias una proporción de los tributos que hoy recauda y no coparticipa. Eso podría formar parte de un nuevo Pacto Fiscal Federal”, señaló el diputado bonaerense en declaraciones radiales.
Rodríguez también dijo que “el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe cumplirse” y agregó que, si bien en el pasado Mauricio “Macri le pegó un manotazo a los fondos nacionales para darle recursos por encima de lo que correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que después tuvo que corregirlo”. Ahora “no corresponde instalar la política de los manotazos con los recursos coparticipables”.
Por último, el legislador dejó claro que “la provincia de Buenos Aires, por justicia distributiva, necesita recibir un porcentaje más alto de la renta federal, pero eso no se logra yendo a pedirle permanentemente al Gobierno nacional”, en una crítica directa al gobernador cristinista, Axel Kicillof.
Días atrás, legisladores del Frente de Todos dieron a entender que, al menos en Diputados, el oficialismo tendrá que negociar una agenda de temas con la oposición para evitar que el Ejecutivo convoque a extraordinarias sin ningún sentido, como ocurrió a inicios de 2022. Los sucesos relacionados con la coparticipación lesionaron esas intenciones y ahora será la Casa Rosada quien tenga la última palabra para retomar la actividad legislativa en febrero. Si no, se esperará a marzo.




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