El presidente de Boca, Mauricio Macri, rechazó «terminantemente» toda posibilidad de que algún directivo del club esté involucrado con organizaciones que venden entradas falsificadas.
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La repuesta de Macri estuvo dirigida a casi un único protagonista en este caso: el increíble juez Mariano Bergés, que desde agosto pasado está obsesionado en perseguir a una «asociación ilícita» en fútbol. Vinculando a dirigentes serios del fútbol en un supuesto delito con barrabravas que no existe.
El domingo ordenó la detención de secretario general, Luis Buzio. Lo hizo dormir en una comisaría y un día después lo hizo trasladar a los tribunales esposado. Buzio lleva 9 años en el club y todos conocen la honorabilidad del dirigente. El juez -que está a punto de renunciar- bien podría haberlo citado a declarar sin montar el show mediático que acostumbra.
El mismo club fue quien dio a conocer en la Policía las irregularidades con las ventas de entradas. Y habría que señalar también que quienes portaban las entradas falsificadas pasaron los controles dispuestos por la secretaria de Seguridad de Gustavo Béliz y Norberto Quantín.
Algunos hinchas -a los que se denomina barrabravas ingresaron al estadio porque una resolución judicial se los permitió. Por eso ayer, Bergés fue recusado por el abogado de Rafael Di Zeo, quien consideró que el juez persigue a su defendido «por satisfacción personal».
Todo tiene hasta un cierto sabor de intencionalidad política que, obviamente, está representada por la figura que significa Macri como fuerza opositora al Gobierno porteño y a nivel nacional. En todo esta maniobra, no sería raro que se le suspenda la cancha a Boca (como parece ser que va ocurrir tanto para el torneo local como para la Copa).
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