En una sesión que incluyó, como a veces ocurre en el Congreso, algún escándalo, Diputados sancionó la moratoria previsional que el cristinismo empujó el año pasado desde el Senado, y que permitirá facilidades de acceder a un haber a cerca de 800.000 personas. El encuentro se dio a horas de la apertura del período ordinario que realizará Alberto Fernández durante la mañana de hoy.
Diputados sancionó la moratoria previsional: polémica en palcos con un sindicalista de la ANSeS
La oposición se quejó por la distribución de afiches para escrachar a legisladores en oficinas del organismo que comanda Fernanda Raverta. Apuntó al gremialista Carlos Ortega, que se encontraba presente. Se retiró tras varias críticas, pero luego merodeó durante horas por los pasillos de la Cámara.
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Tras varios intentos fallidos a finales de 2022, el Frente de Todos logró conseguir el quorum justo -de 129 legisladores- no sólo con los propios, sino también por el acompañamiento de la izquierda, sus más que usuales aliados de Juntos Somos Río Negro y de renovadores -no massistas- misioneros, y por el aporte de los integrantes del interbloque federal Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño, más los socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez. Sin los últimos cuatro, el encuentro no se hubiese iniciado. Lo de ayer significó una victoria para la titular de Diputados, Cecilia Moreau, ya que la Cámara baja fue la única que pudo reunirse en las fallidas sesiones extraordinarias que convocó el Presidente desde el 23 de diciembre pasado.
Meses atrás, la Oficina de Presupuesto del Congreso dejó claro en un informe: “Se estima que para el primer año de aplicación de la medida el impacto fiscal sería de 0,27% del PBI, llegando durante el segundo año a 0,42% del PBI”. Es decir, muy alejado de lo expuesto y defendido por la senadora cristinista Juliana di Tullio en la Cámara alta, quien aseguró el año pasado que el costo fiscal de la ley iba a ser “de 0,02% este año” -en referencia a 2022, cuando se discutió el texto- y “0,3% el próximo”.
Durante la sesión de ayer, el propio kirchnerismo reconoció que la iniciativa se trataba de “un parche”, tal como manifestó el titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, Carlos Heller. El diputado luego dijo que, en realidad, la propuesta era “virtuosa”, y detalló: “En la Argentina, un tercio de la población presenta problemas de informalidad laboral y esto es lo que deberíamos resolver. Mientras tanto, este proyecto es un paliativo necesario hasta que se resuelva el problema de fondo”.
Un sector de Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría para rechazar la moratoria y, en cambio, ofrecer prestaciones en relación con los años de aportes realizados. Es lo que explicó ayer el radical -de Evolución- Alejandro Cacace. Antes de la sesión, señaló que el proyecto es “insostenible, genera más deuda y déficit, y es inequitativo”.
Otro punto de la ley kirchnerista es que da luz verde a un permiso para que cerca de 850.000 trabajadores en actividad puedan adelantar cuotas y lleguen, al momento de retirarse, sin deudas previsionales. “Este proyecto tiene dos problemas: primero, no ataca el problema de la enorme heterogeneidad y descontrol de regímenes diferenciales que hay; el segundo, es el déficit fiscal y el impacto que éste tiene sobre la tasa de inflación”, alertó el liberal José Luis Espert.
Otro liberal, Javier Milei, disparó: “Argentina es un deudor quebrado. Para poder pagar la deuda se necesita tener un superávit primario fiscal positivo y acá seguimos con uno negativo. Si además sumamos jubilados sin aportes al sistema, esto va a seguir generando un mayor déficit”.
Quien fue más allá fue Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos-Juntos por el Cambio), que apuntó a las “70 jubilaciones de privilegio” que recibe Cristina de Kirchner -en realidad, se quiso referir al equivalente de lo que cobra la titular del Senado en comparación con la mínima-, a las que calificó como el “escándalo más grave”. También se refirió al olvido de la ANSES -que comanda la camporista Fernanda Raverta- a la hora de “presentar la correspondiente acción judicial para hacer inviable dicho pago”.
Previo a la votación, reapareció en el uso de la palabra el exjefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner. “Si uno mira y cree que el déficit fiscal en un país tiene que ver con la inversión que el Estado haga en quienes trabajaron toda la vida para sacar adelante a sus familias y, de esa manera, al país, puede estudiar las diferentes economías que hay en el mundo y puede entrar a ver que hay más de diez u 11 economías que están en superávit fiscal hoy. La mayoría de los Estados del mundo se encuentran en déficit fiscal. No creo que ése sea el problema de la Argentina en sus cuentas”, enfatizó.
Al momento de la votación, la ahora sancionada ley recibió 134 adhesiones y 107 rechazos. Al kirchnerismo se le sumaron quienes ayudaron en el quorum, más los peronistas “disidentes” que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. También lo hizo de manera desapercibida, según el acta cargada en Diputados, el legislador Rolando Figueroa, del Movimiento Popular Neuquino, quien se acercó al macrismo para pelear el poder en dicha provincia. Un par de horas después, la Cámara baja dio luz verde además a la iniciativa de digitalización de historias clínicas.
Polémica
La sesión se inició, pasado el momento del quorum, con una cuestión de privilegio realizada por Juan Manuel López (Coalición Cívica) para acusar al kirchnerismo de convertir, a la comisión de Juicio Político que sigue un proceso contra la Corte Suprema, en una “comisión de inteligencia de hecho” comandada por el exradical Leopoldo Moreau -preside la bicameral de inteligencia-, dedicada a “apretar testigos”.
Más tarde, el radical -de Evolución Martín Tetaz expuso al oficialismo por carteles en dependencias de la ANSES que mostraban rostros de diputados de la oposición -algunos, votaron ayer la ley- con la inscripción: “Gracias a estos tipos más de un millón de ciudadanos no van a poder jubilarse. Legislan para un pueblo que odian”. Seguido a ello, Graciela Camaño direccionó la mira en el sindicalista de la seguridad social Carlos Ortega, presente en los palcos. Tras acusaciones varias, el gremialista se retiró del recinto. No obstante, merodeó por los pasillos del Congreso durante horas. Carla Carrizo, colega de Tetaz, pidió votar un rechazo al escrache en cuestión y el kirchnerismo se opuso, con curiosas abstenciones, como las de la “peronista” cordobesa Natalia De la Sota.
Seguridad
A instancias de reclamos en el recinto -y otros tanto en los últimos meses- del radical Juan Martín, el Frente de Todos se vio obligado a convocar a una comisión de Diputados al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para que diserte sobre la crisis por los asesinatos y el narcotráfico en dicho distrito. Será el 9 de marzo.




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