Abogados dicen que no hay nada para embargar

A 24 horas de la decisión del juez Thomas Griesa de habilitar o no los embargos contra la Argentina en EE.UU., los abogados de nuestro país informaron que no hay bienes que puedan ser afectados. Más allá de ello, el proceso de negociación se complica cada día más. El ministro Roberto Lavagna no aceptó la propuesta del Comité Global de Acreedores para reunirse en Nueva York a mediados de febrero. Sostiene que no representan genuinamente los intereses de los tenedores de bonos. Paralelamente, los bancos que estaban interesados en participar de la oferta, están rechazando hacerlo. Al Deutsche, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup y Morgan Stanley se sumaría el Barclays.

Los abogados neoyorquinos que representan al gobierno argentino asegurarán hoy que el país no tiene activos que puedan sufrir embargos en el exterior. Será durante una conferencia con los representantes legales del inversor Kenneth Dart, en la que se debe avanzar con el proceso denominado «discovery», que consiste en la identificación de los activos que la Argentina tiene fuera del país.

Obviamente, la posición de Dart -dueño del fondo EM Limited, que presentó una demanda por u$s 750 millones contra la Argentina-es la contraria. Y darán a conocer una lista de posibles embargos, que apuntan no sólo en activos físicos, sino también en giros financieros que efectúe el gobierno desde y hacia el exterior.

Esta discusión será la antesala de la decisión que mañana debe tomar el juez neoyorquino Thomas Griesa, ante el vencimiento de la postergación por 90 días que decidió antes de avanzar con embargos. Ese plazo debía ser utilizado por el equipo económico para avanzar con una propuesta de reestructuración de deuda a los acreedores. En esa oportunidad, el equipo económico pidió una prórroga «por última vez».

Sin embargo, trascendió que el nuevo escrito que presentará el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, bufete de abogados que representa a la Argentina en N.Y., explicará que es necesario más tiempo debido a que algunos problemas ajenos a la voluntad del país impidieron llegar a tiempo.

Fundamentalmente, se basarán en que el FMI demoró más de 40 días la aprobación de la primera revisión de metas con respecto al plazo original. «Es evidente que este factor nos condicionó a la hora de avanzar en el diálogo con los acreedores», explicaron ayer en el Palacio de Hacienda. Resta saber si Griesa considerará como válido este punto u optará por ignorarlo.

«De todas formas, no tenemos ni un alfiler para que nos embarguen, con lo cual un fallo contrario no tendrá ningún efecto en lo inmediato», señalaban en los pasillos de Economía.