Abre Economía el expediente Greco

El Ministerio de Economía abrirá finalmente hoy sus archivos sobre el caso Greco. Después de que los radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz exigieron a través de un amparo judicial la información guardada por Economía sobre los pasos que se dieron allí en torno al fallido intento de pago al grupo durante la administración de Felisa Miceli, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó que los expedientes sean puestos a la vista. Hoy a las 9, Morales y Sanz, denunciantes del escándalo, se presentarán en la Dirección de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados para acceder a esas pruebas.

El caso Greco comenzó con un pedido del gobierno al Congreso para autorizar un incremento de $ 1.300 millones en emisión anual de títulos de deuda. En Diputados se aprobó sin cuestionamientos, pero el radicalismo del Senado puso la lupa sobre el destino de esos nuevos bonos. Las aclaraciones por parte del Ministerio de Economía no ayudaron: quedó claro que casi $ 600 millones de esos bonos se aplicarían al pago de juicios perdidos por el Estado a favor de los ex integrantes del Grupo Greco, algo que no había sido declarado en el proyecto. El juicio de los Greco contra el Estado había sido iniciado por incumplimiento de un acuerdo que el Estado firmó con los mendocinos en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, por el que se les restituían fondos y propiedades en resarcimiento por los errores cometidos en la intervención de las empresas del grupo en 1980, durante la dictadura militar.

Los senadores radicales iniciaron una investigación por el monto a pagar y hasta el kirchnerismo apoyó que la Auditoría General de la Nación también hiciera su propio análisis de esas cuentas. Se consideró que el Estado no fue bien defendido en esos juicios, al punto que la discusión final sobre el monto real de la deuda ni siquiera llegó a discutirse, antes que el Estado aceptara en una homologación judicial pagar más de $ 335 millones, que al emitir los bonos terminaron ascendiendo a casi $ 600 millones.
Después de la denuncia en el Senado, el gobierno dio marcha atrás, el proyecto completo fue congelado y finalmente Felisa Miceli dispuso iniciar una investigación sobre sus propios funcionarios para dilucidar quién aprobó la liquidación de fondos a pagar y por qué se apresuró el polémico pago. El resultado de ese procedimiento interno en Economía y los pasos que se dieron en el departamento de legales de la cartera es lo que los senadores radicales podrán ver ahora gracias a la orden que dio la Justicia.