Acusan a constructoras de encarecer obras al Estado (cierto pero insoluble)

Roberto Lavagna disparó ahora contra las empresas constructoras, contratistas de obras públicas; en especial, las viales. Dijo ayer que forman un «cartel» para poder cobrar sobreprecios, lo que, además, según el ministro, estaría siendo investigado por el Banco Mundial, que habitualmente aporta el dinero para estos proyectos. El ministro dijo esto en un acto de la Cámara de la Construcción, delante de los supuestos cartelizados, que reaccionaron indignados ante la embestida oficial. Es probable que Lavagna tenga razón y que haya encontrado un sector que acuerda en bloque cómo participar en licitaciones, turnándose cada grupo para ganar en diferentes actos garantizándose mantenerse en actividad sin dejar entrar nuevos oferentes, salvo casos especiales. Sin embargo, cortar este tipo de maniobras parece algo utópico. No sólo hace décadas que en la Argentina ocurren estas operaciones de los contratistas públicos, en las que habitualmente se benefician grupos como Techint (que luego son respaldados para hacer negocios en Venezuela), sino que, además, no se trata de un problema privativo del país. Se sabe que es imposible que, por el caso, alguna empresa local pueda participar en alguna licitación de importancia en Brasil, en teoría el principal socio estratégico de la Argentina, a no ser que se asocie en minoría con un grupo de esa bandera. Lo mismo sucede en otros mercados más desarrollados. El grupo Macri, por caso, nunca pudo hacer pie en el mercado neoyorquino de la construcción, donde, pese a ofrecer buenos precios en algunos servicios y ganar licitaciones, sufrió persecuciones de la mafia que lo obligaron a desistir del intento de expansión. Entregó las licitaciones y en un año se fue. En Estados Unidos y en la Unión Europea, son siempre las grandes empresas de ese origen las que llevan adelante los proyectos más importantes, pese a los sobreprecios. Es entonces un problema mundial, del que la Argentina forma parte. En el país, además, se recuerdan casos en los que contratos directos transparentes eran operaciones más baratas para el erario que las licitaciones abiertas, pero luego eran suspendidas por jueces que perseguían por corrupción a los funcionarios que llevaban adelante las operaciones. La «licitación pública» en el Estado suele ser una parodia, pero la exigen los jueces, que nunca analizan el precio, sino la forma.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, fue duro ayer con los empresarios de la construcción, a quienes acusó de «cierto grado de cartelización», y recibió una fuerte respuesta por parte de éstos.

Con un discurso que ya es conocido, Roberto Lavagna acusó ayer a empresarios vinculados a la obra pública de generar «cierto grado de cartelización, con los sobrecostos que ello implica». «El Banco Mundial y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ya lo están investigando», agregó el ministro de Economía, que eligió como auditorio para hacer estas declaraciones nada menos que a más de 400 directivos de las principales compañías del sector, reunidos en la 53a Convención Anual de la Cámara de la Construcción (CAC).

El malestar entre los hombres de negocios presentes fue inmediato y general, tanto que anoche la CAC emitió un comunicado en el que expresó «preocupación» por los dichos de Lavagna y aseguró que «estos estudios y análisis deben completarse antes de tener conclusiones que podrían ser apresuradas».

La crítica de Lavagna llega en momentos en que se investiga a los supermercados, a industrias del plástico y ya fueron multadas las principales cementeras del país por supuestas prácticas similares que en principio están relacionadas con el hallazgo de lo que el gobierno considera «precios altos».

También las cementeras quedan en la mira por estas sospechas respecto de los mecanismos de participación en obras públicas.

Los comentarios que se escuchaban ayer en los intervalos de las conferencias que se llevaron a cabo durante todo el día coincidían en que las declaraciones de Lavagna, además de ser una advertencia, tenían un trasfondo político. «No hacen más que ampliar la distancia que existe entre el ministerio que él encabeza y el de Planificación, de Julio De Vido, partidario de atraer al sector privado para participar en obras públicas», comentaba el presidente de una importante constructora.

• Indignación

El primero en contestar sobre la denuncia de cartelización había sido Aldo Roggio. El titular del grupo que lleva su apellido resumió la indignación de los asistentes (entre ellos, directivos de empresas como Techint, Minetti, Cementos Avellaneda, Paolini hnos.) al decir: «Tengo algunas divergencias sobre lo que dijo el ministro que oportunamente discutiremos en persona».

Lavagna se había dirigido directamente a los empresarios cuando indicó: «El caso de vialidad es bien conocido por ustedes y saben que está siendo investigado. No sea cuestión que intereses locales generen problemas. No es poco considerar estos temas, ya que no son menores y cuanto más reflexionemos y más actuemos sobre ellos, mejor será».

Gregorio Chodos, secretario de la Cámara de la Construcción, reconoció que el sector tiene conocimiento de que el Banco Mundial y Defensa de la Competencia viene investigando el mercado hace tiempo. «Con el ministro De Vido y con José López, secretario de Obras Públicas, ya conversamos este tema y la verdad es que éste es un mercado donde hay más de 500 empresas que participan de las licitaciones. Es un disparate pensar en cartelizaciónporque si algunas empresas acordaran precios, se enterarían todas. Un secreto de tres, no es un secreto», dijo en diálogo con este diario.

En su participación posterior, López se refirió a este tema en una explicación que muchos de los asistentes interpretaron como un cruce a la denuncia de cartelización. El funcionario comentó que hay una « diversificación de la estructura empresarial muy importante. Hay más de 1.000 compañías en todo el país involucradas en obras públicas. En 2005 los inscriptos y los certificados de adjudicaciones otorgados superaron todos los récords».

Lavagna dijo además ayer que el gobierno apunta a mantener «la estabilidad de los precios y no vamos a empujar ninguna medida de indexación». De esta manera, respondió a los reclamos del sector privado sobre un mecanismo de ajuste para los costos de la obra pública. Por la mañana, el presidente de la CAC, Carlos Wagner, había dicho que «con la implementación de esquemas más ágiles de determinación de precios en los contratos de obras públicas y la rápida sanción de una nueva legislación de los riesgos del trabajo, habrá una mayor certidumbre en el desarrollo de los emprendimientos».

Lavagna explicó: «El desafío es avanzar tan rápidamente como podamos, pero sin atropellarnos, sin buscar atajos y sin soluciones mágicas que duran poco y luego terminan en tasas de inflación que castigan a quienes menos tienen o en nuevos procesos de endeudamiento que sólo sirven a las finanzas de las ganancias rápidas».