El ministro
de Trabajo,
Carlos
Tomada,
compartió
la mesa de
debate con
el asesor
laboral de
la UIA,
Daniel
Funes de
Rioja, y el
enviado de
la CGT,
Juan
Carlos
Schmid.
Córdoba (enviado especial) -El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, luego de anunciar que «llevamos 47 meses seguidos de creación de empleo», dijo que «con esta ley de ART no se puede seguir: tiene 25 pedidos de inconstitucionalidad. La demora en sancionarla se basa en la necesidad y convicción de buscar el mayor consenso posible». Más allá de eso, el ministro eludió toda polémica con los empresarios en torno a la legislación laboral, tema central de la mesa redonda que ayer cerró la segunda jornada de la 12ª Conferencia Industrial que organiza la UIA.
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El funcionario, seguramente en virtud de la tensa situación en el seno del gobierno y del movimiento sindical creada por el escándalo de San Vicente, eludió responder a cualquier crítica y/o reclamo que hubo de plantear antes que él Daniel Funes de Rioja, el principal asesor laboral de la central fabril. Tomando una dirección diametralmente opuesta, el ministro dijo que «hoy lo que importa no es lo normativo sino combatir el trabajo en negro, a las empresas que evaden y lograr el desarrollo de la capacitación para la inserción laboral». También aseguró que «lo que importa es cuánto empleo se crea».
Tomada dijo «valorar el compromiso y la actitud de los empresarios por la creación de empleo», y afirmó que «hoy se dan las condiciones para discutir un proceso de desarrollo económico y social». Abogó por el «pase de la precarización a la protección social a través del empleo, del trabajo formal» y agregó que «hemos pasado del conflicto social a la negociación laboral».
Sin embargo, Funes de Riojahabía atacado con una intensaandanada de cifras, cuadros y afirmaciones legales y técnicas que le insumieron casi 45 minutos en el podio.
Seguramente a él le resultó tan frustrante como al centenar de empresarios que escucharon la charla del ministro la falta de definiciones y de polémica del funcionario. Los que siguen son los aspectos más salientes de la exposición de Funes:
Si mejora la industria mejora el mercado laboral. Carlos Pellegrini tenía razón una vez más.
La Argentina se levantó de la crisis con sangre, sudor y lágrimas, pero también con los empresarios.
Tenemos el salario mínimo vital más alto de la región con u$s 260, contra los u$s 161 de Brasil y u$s 250 de Chile.
La industria creó 180.000 puestos de trabajo, de los cuales 70% son en blanco.
En enero de 2002 se duplicó la indemnización por despido, y si a eso se les suman los aumentos salariales, estamos en ese rubro 160% por encima de ese año, o sea el doble de la suba del índice de precios.
Lo más grave es la jurisprudencia: los jueces no aplican las leyes sino que crean otras. Hay en la Justicia un sesgo antiempresarial « robinhoodiano» que piensa que ser empleador es malo.
La riqueza no se reparte a los sopapos sino por mayor productividad.
Nos preocupan temas como el «ius variandi» ( imposibilidad de que a un empleado se le cambie la función), el cómputo para la indemnización de los celulares, el uso de automóvil, las horas extra, la inclusión de enfermedades no incluidas en la legislación... La seguridad jurídica desaparece.
Los proyectos que obran en el Congreso (los pergeñados por el diputado por la CGT Héctor Recalde) traerían -de ser sancionados- más rigidez y costos laborales, carga burocrática, más litigiosidad: se habla de derechos a la paternidad, de inmutabilidad laboral.
Este año habrá más de 18.000 juicios laborales, contra los menos de 2.000 anuales que generaba el sistema. La mayoría de esos juicios serán contra pymes, muchas de las cuales desaparecerán.
