Aerolíneas se presentará hoy en convocatoria y surgen nuevas dudas

El directorio de Aerolíneas Argentinas aprobará hoy el llamado a una convocatoria de acreedores, con el fin de reestructurar las deudas de la empresa, del orden de los u$s 900 millones. El concurso preventivo implica la caída de los actuales convenios laborales y dejan de ser exigibles todas las obligaciones atrasadas con los acreedores y con los empleados. Se ignoraba ayer a última hora si la sociedad española realizaría aporte de capital después de la convocatoria.

Hoy a las 12 el directorio de Aerolíneas Argentinas, presidido por Patricio Zavalía Lagos, aprobará el concurso preventivo de la compañía local. Nadie en el gobierno sabe qué ocurrirá después. «No hay ninguna garantía de que realmente la SEPI vaya a realizar un aporte de capital después de la convocatoria a los acreedores», dijo ayer el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, a un grupo de legisladores.

De acuerdo con la ley argentina, los accionistas de la sociedad pueden aportar fondos antes o después de la convocatoria. Sin embargo, voceros de la SEPI desde Madrid insistieron ayer con el argumento de que «la empresa sólo aportará fondos si el plan director es aceptado por los siete gremios aeronáuticos».

Cuando se preguntó a las mismas fuentes la razón por la cual seguía insistiéndose con el plan director, siendo que con la convocatoria caen los actuales convenios colectivos de trabajo por el plazo de tres años, la respuesta fue que no se podían «hacer especulaciones de ese tipo».

El concurso no sólo implica la caída de los actuales convenios laborales, sino también que todas las obligaciones atrasadas con los acreedores y con los empleados dejan de ser exigibles y entran en un proceso de verificación por parte del juez que, en un caso como el de Aerolíneas (que por ejemplo, tiene varios proveedores de combustible de diversos países), puede demorar más de un año.

• Alivio

Hasta que se llega a un acuerdo con los acreedores, no se pagan tampoco los intereses de las deudas comerciales y financieras, y como el proceso puede durar de dos a tres años, esto alivia a Aerolíneas de una carga por gastos financieros que se estima en 100 millones de dólares anuales.

Las deudas, además, se empiezan a pagar al término de un plazo que puede oscilar entre 2 y 5 años, y se licuan hasta un tope mínimo de 40%, que es la cifra que generalmente propone la concursada, porque es el mínimo que permite la ley, y además se pagan en un período que puede llegar hasta los 10 o 12 años.

Aun con estas condiciones ventajosas, la SEPI viene sosteniendo que «no hará más aportes de capital» en Aerolíneas. El gobierno argentino, en tanto, sigue aferrándose al compromiso del ministro de Hacienda de España, Cristóbal Montoro, que le manifestó al titular de Infraestructura, Carlos Bastos, que la intención es mantener «operable» a la empresa.

Pero no hay garantía de que esto signifique desembolso de dinero. En el gobierno se evalúa que al poder poner las deudas entre paréntesis, el flujo de fondos necesario para ir rehabilitando los vuelos suspendidos es mucho menor, porque, por ejemplo, no hay que pagar lo adeudado a las empresas de combustible antes de volver a cargar los aviones, como ocurría hasta ayer.

«Esta expectativa es la única que queda, porque la SEPI es la única que puede mantener en funcionamiento a Aerolíneas, aunque sea por el período de transición hasta que se encuentra otro inversor interesado», se afirmó ayer en el gobierno.

• Esfuerzo

Esto implica que tal como lo dijeron ayer Colombo y el ministro Cavallo, no hay ninguna intención ni posibilidad de reestatizar la empresa, aunque sea por un breve período. No obstante, según algunas fuentes, el gobierno podría hacer un último esfuerzo y aportar el dinero que falta para terminar de pagar los sueldos de mayo y, de esta manera, asegurar que el personal aceptará retomar los vuelos, si es que la SEPI decide hacerlo. Para aportar ese dinero, el gobierno podría integrar total o parcialmente los 8 millones de pesos que aún le faltan para completar la capitalización de Aerolíneas realizada en octubre pasado. En este sentido, ya adelantó 16,2 millones por el mismo concepto para pagar los sueldos de abril y parte de los de mayo, aunque la ley de sociedades permite que los aportes de capital se integren en dos cuotas anuales.

El pago hasta completar los sueldos de mayo también pretendería ser una nueva manifestación de buena voluntad para que el gobierno español se decida a mantener a Aerolíneas en operaciones.

En tanto, ayer quedó planteada la posibilidad -adelantada por Ambito Financiero- de que Rodolfo Terragno sea designado a cargo de la crisis de Aerolíneas, con vistas hacia el futuro, para encontrar un socio estratégico, cuyas rutas se complementen con Aerolíneas, como viene sosteniendo el ex jefe de Gabinete. Sin embargo, dentro del gobierno habría resistencias a esta designación, y se especula que Terragno sólo aceptaría una misión de esta naturaleza sólo si sabe que cuenta con fuerte respaldo político, y que no tendrá que estar peleando espacios con los miembros del gabinete nacional.

Si la SEPI, como accionista mayoritaria de Aerolíneas, no pone dinero en los próximos días para rehabilitar los vuelos de Aerolíneas, que ahora están suspendidos en casi 70%, el otro escenario posible es la venta de las acciones de Aerolíneas en poder de los españoles.

Esto es menos discutible legalmente que licitar las rutas en un solo bloque y adjudicar al oferente que acepte captar la mayor cantidad de personal. La venta de las acciones implica, salvo un acuerdo de partes, que el comprador quede a cargo de los pasivos de la convocatoria, en los términos planteados antes, y que sigan rigiendo los convenios de crisis con las asociaciones sindicales. Estos se acuerdan entre la empresa y las entidades sindicales durante la convocatoria, al caer los convenios colectivos, y tienen un plazo de vigencia de 3 años.

De todas formas, para aumentar la incertidumbre, el ministro español Montoro dijo ayer: «No vamos a malvender Aerolíneas», y que la SEPI no ha recibido «ninguna oferta seria y rigurosa», aunque agregó: «Estamos abiertos a cualquier sugerencia de compra».

Además, creando más preocupación en el gobierno argentino y abriendo más interrogantes sobre el futuro, Montoro dijo: «No podemos aportar más dinero público para resolver la crisis de Aerolíneas». Con esta frase, acentuó las dudas sobre el alcance del compromiso asumido con Bastos de mantener operativa a Aerolíneas.

Una oferta polémica
UNA OFERTA POLÉMICA

Primero con una solicitada en un diario y ayer, con una conferencia de prensa pobre e imprecisa, la empresa peruana de aviación Aero Continental oficializó su intención «de adquirir la totalidad de las acciones que la SEPI tiene en su poder de Aerolíneas Argentinas (AA) y Austral».

La propuesta, que el lunes pasado fue enviada al presidente de la sociedad española, Pedro Ferreras, a través de una misiva, «no fue contestada todavía», advirtió la firma ayer.

Según el director de Desarrollo Internacional de la empresa, Ricardo La Puente, «Aerolíneas Argentinas fríamente no tiene ninguna importancia; nosotros estamos interesados en las posibilidades, en lo que puede llegar a ser, con nuestra estrategia de desarrollo».

Seguida a esta «consideración inaugural» de la reunión de ayer, se esperaron datos «más concretos» como, por caso, cuánto piensan pagar por ese paquete de acciones de la SEPI, si piensan hacerse cargo de los pasivos, si rebajarían los salarios de los empleados o si tienen en mente ejecutar la operación de compra junto con otro interesado. Pero éstas, junto a otras cuestiones «más intensas», como el proceso judicial que el dueño de la aerolínea tiene abierto por narcotráfico en Perú, no fueron esclarecidas.

Cuando la aerolínea peruana hizo públicos sus anuncios, muchos se preguntaron cuál era la historia de la empresa, si tenía o no la capacidad de hacerse cargo de Aerolíneas, pero por sobre todo si tenía el capital.

El diario chileno «El Mercurio» publicó el sábado que el creador de Aero Continente, Fernando Zevallos, tenía una causa abierta en la Corte Suprema de Perú por narcotráfico y además habría estado acusado por lavado de dinero. En ese artículo, Zevallos asegura que «no hay nada ilegal» en su aerolínea y que las acusaciones «se deben a una guerra sucia de la competencia y a no haber cedido al chantaje de Vladimiro Montesinos, el ex mano derecha de Fujimori».

Según La Puente, la cuestión judicial es sólo «un asunto personal de Zevallos», que Estados Unidos aclaró con una declaración y que tiene que ver con «personas que no quieren nuestro desarrollo». Sin embargo, la familia Zevallos, como ratificó el mismo La Puente, tiene 31% de Aero Continente y Jorge Portillo, en Chile, el resto. Y aunque aparentemente no exista vinculación alguna entre los apellidos, Portillo había estado casado con la hermana de Zevallos, por lo que, se podría decir que Aero Continente fue en algún momento en su 100% una «empresa familiar».

• Complicación

El creador de la firma peruana reside en Miami, hace 9 años, cuando la situación en su país de origen se complicó con la acusación de Jorge López, líder del cartel peruano de la droga Los Norteños, quien aseguró que en 1990 le había prestado $ 1,5 millón para la compra del primer avión de Aero Continente.

Desde 1995, Zevallos renunció a la presidencia de su empresa, en la que ahora interviene sólo como «asesor». Desde entonces, la empresa ganó 65% del mercado de viajes aéreos peruano con 75% de ocupación, y 12% del chileno, en el que facturó $ 2.700 millones anuales en 2000. La idea de la compañía de aviación peruana es «manteniendo el nombre Aerolíneas Argentinas», comprarla y agregarla a su plan estratégico de crecimiento en América latina en el que piensan «ofrecer precios bajos» y volver rentable a la empresa de bandera que hoy podría entrar en convocatoria.