Moratoria: advierten que burocracia complica el acceso

Economía

Los contribuyentes tienen que obtener el Certificado Pyme y para ello no pueden tener atrasos ni inconsistencias con la AFIP. Tributaristas piden que se permita ingreso de grandes empresas.

Problemas formales, como un retraso en la presentación de una declaración jurada, o reclamos incluso de impuestos que ya no se cobran pueden generar complicaciones al ingreso a la moratoria que estará disponible en la página web de la AFIP desde mediados de febrero.

Para lograr el acceso la empresa tiene que tener el Certificado Pyme que se tramita en el Ministerio de Desarrollo Productivo y para ello no debe tener presentaciones pendientes ante la AFIP. La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva establece claramente que el beneficio que les permitirá postergar pagos entre 60 y 120 cuotas es solo aplicable a firmas que califiquen dentro de los parámetros que fija la Ley Pyme.

El tributarista Ezequiel Passarelli señaló que hay varios casos de empresas en los que no pueden obtener el comprobante porque les surge que tienen un retraso de una Declaración Jurada Informativa de la AFIP.

“En nuestro estudio lo primero que hicimos en enero es ver quien tiene certificado y ver lo que ocurre con el que no lo tiene para solucionarlo antes del 30 de abril. Ya sea persona física o empresa” explicó. Passarelli señaló que hay empresas a las que les figuraban atrasos declaraciones jurada de Ganancia Mínima Presunta que es un impuesto que ya no se cobra, y que por eso no les daban el certificado.

“Tuvimos que ir agencia por agencia donde aparecían esos problemas para indicar que los borren”, explicó. El tributarista dijo que las pymes están “ansiosas” por la moratoria, porque el 31 de marzo vence el período de gracia otorgado por la AFIP en el que no hay embargos. “Mientras tanto sigue habiendo vencimientos y las empresas quieren refinanciarlos”, remarcó.

En tanto, Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria Argentina (CGERA) aclaró respecto de la obtención del certificado que “la responsabilidad de estar en orden con la Ley Pyme es de los empresarios, no del Estado”. El dirigente de la CGE consideró que “una de las pocas cosas que hizo el anterior gobierno en favor del sector fue esa ley en la que nosotros trabajamos y participamos, pero queda en los empresarios luego procurar los beneficios como por ejemplo pagar a 60 días el IVA o poder aplicar el Impuesto al Cheque a Ganancias”. Para poder lograr los beneficios de la Ley Pyme, la normativa dispone que la empresa tiene que tener el Certificado Pyme. Es decir, si las empresas que califican como tal hubieran procurado aprovechar en su momento los beneficios de esa ley, ahora ya tendrían cubierto el requisito fundamental para entrar a la moratoria. “No obstante entendemos que por lo problemas en la economía que hubo en los últimos años haya muchas pymes que no puedan cumplir, pero creemos que la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont nos va a ayudar. Habría que disponer una simplificación de los trámites”, explicó.

El abogado Diego Fraga plantea que la moratoria debería permitir incluir a los que, por efecto de la Ley Pyme, podría ser considerada una empresa grande. “El problema es que los parámetros de facturación para definir lo que es una pyme se ajustaron por debajo de la inflación, de modo que hoy puede haber empresas que pierden tal condición sin que realmente hayan crecido”, explicó. “Hay empresas que no van a poder entrar en la moratoria sin que en términos reales estén vendiendo más”, agregó Fraga. Según detalló, muchas de esas firmas tuvieron que ajustar sus precios debido a que su estructura de costos está determinada por componentes dolarizados.

El miembro de la Comisión de Problemática Pyme del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires Vicente Lourenzo, remarcó por su lado, que la expectativas de los contadores y asesores tributarios es que los aplicativos que va a poner en su sitio web la AFIP a mediados de febrero para poder “subir” los datos de sus clientes estén “debidamente testeados” previamente. Lourenzo recordó con al cierre del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y Renta Financiera del año pasado, los aplicativos no funcionarios debidamente, y se tuvieron que modificar sobre la marcha. “Si algo no funciona bien y no alcanza el tiempo deberían dar una prórroga para el ingreso”, sintetizó. Lourenzo precisó que para “obtener el certificado hay que tener todas las declaraciones juradas presentadas”. Al respecto, agregó que “si el contribuyente no tiene el certificado puede inscribirse igualmente e ir tramitándolo” a condición de que esté listo antes del 30 de abril. Aún así sostuvo que “hay también cierta responsabilidad de los asesores tributarios de asesorar correctamente a sus clientes”, añadió.

Un problema de insalvable solución, al parecer, es el de un grupo de jubilados que aunque no es mayoritario, representa a un sector importante en el mundo laboral y de las empresas. Se trata de exdirectores que quedaron con deudas con AFIP por cuestión de la solidaridad con la firma en la que trabajaron. La ley indica que en el caso de deudas de una empresa, el directorio puede ser declarado corresponsable. Un ejemplo puede ser el de una decisión de una firma de atrasarse con un pago para poder abonar los sueldos. El abogado Emilio Sarmiento explicó que “se trata de jubilados de empresas que ya no existen y que no tributan, porque están en liquidación o de empresas de las que esta persona fue despedida en malos términos”. Para levantar la infracción tendría que resolverlo la empresa lo que en muchos casos no es posible porque ya no existe la empresa o si sigue no hace los trámites.

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