AFJP: se suspende la baja de comisiones

Mientras el secretario de Seguridad Social, Jorge Sanmartino, retoca el texto del suspendido decreto de necesidad y urgencia que modifica el sistema previsional para darle forma de proyecto de ley, hasta nuevo aviso se congela la baja de las comisiones de las AFJP y persiste la jubilación estatal.

La única instrucción que llegó desde la vicejefatura de Gabinete a cargo de Armando Caro Figueroa para Sanmartino fue «bajar el nivel de conflictividad» para facilitar la negociación legislativa del proyecto.

Al parecer, el gobierno estaría dispuesto a entregar como prenda de negociación el conflictivo aumento de la edad de retiro de la mujer. El resto de las modificaciones que estableció el decreto lo mantendría para negociar.

De todos modos, el gobierno insistirá con el decreto, mientras se negocia la iniciativa legislativa, apelando en primera instancia la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Ayer, el presidente De la Rúa sostuvo que mantiene «los decretos de necesidad y urgencia que constituyen normas legales absolutamente válidas. Su aplicación inmediata encuentra obstáculos en recursos de amparo que dan lugar a pronunciamientos judiciales que impiden su inmediata aplicación». «El régimen previsional se mantiene vigente, no retrocedemos sin perjuicio de reconocer las facultades que en la materia tiene el Congreso», afirmó. Pero la suspensión del decreto congela, por ahora, la implementación de la baja de las comisiones que las AFJP presentaron a la Superintendencia de AFJP, al haberse eliminado la comisión fija.

Consenso

El proyecto, que es elaborado por la cartera de Patricia Bullrich, procurará lograr «un amplio consenso que permita su rápida sanción» en el Congreso. La nueva iniciativa mantendrá el régimen público de reparto (jubilación estatal) y dará «seguridad jurídica para los actuales y futuros beneficiarios del sistema previsional», aseguró la cartera laboral.

La reforma previsional, que fue impuesta por decreto gubernamental el 30 de diciembre, establecía entre otros puntos que:

los nuevos beneficiarios tuvieran 65 años de edad y 30 de aportes con un haber mínimo mensual de 300 pesos (actualmente de $ 150).

determinaba una asignación universal de 100 pesos (una especie de subsidio) para los hombres y mujeres de la tercera edad carentes de ingresos previsionales y de otra forma de sustento propia o por parte de su cónyuge.

eliminaba la Prestación Básica Universal (PBU) para las jubilaciones mayores a los 800 pesos. La PBU es una especie de jubilación mínima (hoy de $ 200) que aseguraba el Estado para todos los trabajadores, ya fuesen por el sistema de reparto o por el privado de capitalización.

Uno de los puntos más cuestionados giró en torno a la edad jubilatoria de las mujeres, ya que se determinaba un régimen optativo que permitiría que se jubilen a los 60 o a los 65 años, pero sólo las que alcancen esa mayoría de edad y 30 de aportes tendrán pleno derecho a la totalidad de los haberes, con un básico inicial de 300 pesos. Se pergeñó una escala progresiva hasta llegar a los 300 pesos.

También fijaba que aquellos que, cumplidos los 65 años de edad, no tuvieran suficientes años de aportes para jubilarse, igualmente podrían acceder a un haber proporcional conforme al tiempo en que hicieron aportes previsionales, a partir de un mínimo de 10 años.

En relación con las prendas de negociación, ayer Sanmartino reconoció que «la PBU todavía está en discusión».

Solvencia

El funcionario precisó que la nueva ley jubilatoria debe «asegurar la solvencia del sistema a largo plazo», el cual podría tener su base en el ahorro que implica la reducción de la obligación de garantizar los 200 pesos a todos los beneficiarios del sistema. Sanmartino señaló que «uno de los objetivos» del gobierno en el sistema previsional «es ampliar la cobertura previsional para dar más beneficios previsionales», pero que «no es factible incorporarlos sin el genuino financiamiento». «Para esto pretendemos aumentar la cobertura para que en cada hogar exista un beneficio previsional si existe un adulto mayor», situación que podría ser financiada con la reducción del PBU, según el planteo de Sanmartino.