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Renegociaciones
Las nuevas tarifas que se publicaron ayer en el Boletín Oficial implican un aumento en el peaje manual para los automóviles de 11,7 por ciento en Pilar y Campana (de $ 1,7 a $ 1,9), de 14,2 por ciento en las estaciones Ruta 197, Belgrano, Ruta 202, Buen Ayre y Camino Real (de $1,4 a $1,6) y de 7,14 por ciento en Tigre, Cap. J. de San Martín y Márquez (de 1,40 peso a 1,50 peso).
En tanto, para los clientes pospagos, siempre para automóviles, el aumento es de 20 por ciento en Pilar y en Campana (de $ 1,5 a $ 1,8, según el Boletín Oficial, aunque la empresa informó $ 1,7), y de 18,1 por ciento en Tigre, Cap. J. de San Martín y Márquez, mientras no se modifican los valores en Ruta 197, Belgrano, Ruta 202, Buen Ayre, Camino Real y Debenedetti.
Ayer, las empresas concesionarias estuvieron con el nuevo secretario de Transporte, Marcelo Salinas, y habrían acordado un «plan de emergencia» por 90 días que se terminaría de cerrar hoy. El plan incluye postergar el aumento por ese plazo, pero a cambio se permitiría una adecuación de la oferta, porque las empresas afirman que la demanda cayó de 10% a 15%, una reducción del horario de los trenes que sería de 5 a 23 horas, mientras hoy corren de 4 a 24 horas, y una disminución de la cantidad de coches por formación.
Pero, además del aumento que estaba previsto en la renegociación de los contratos, las concesionarias reclaman por una nueva deuda del Estado que incluye certificados de obras de este año que el Tesoro debía cubrir, certificados de obras que se iban a repagar con el aumento de tarifas, diferencia por la valorización de los bonos que recibieron por la deuda anterior del fisco en agosto, aunque, según afirman, debían haberlos percibido en enero, y también por adecuación de las estaciones para uso de los discapacitados.
Para cubrir esas deudas, el aumento que ahora se suspende y seguir con el plan de inversiones, las empresas concesionarias de trenes presentaron a Salinas, el plan de una «tarifa plana» de 0,80 centavos, lo que significaría un aumento de más de 40 por ciento para la primera y segunda sección que a su vez implican casi 60 por ciento del tráfico, y una rebaja a partir de la tercera sección.
Ayer, el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, recomendó al secretario general de la Presidencia y a la Secretaría de Obras Públicas que se suspendan los aumentos tarifarios previstos para el 1 de enero. Según Mondino, «las disposiciones tarifarias fueron previstas en las renegociaciones de los contratos, cuando el contexto del país era otro, y ahora se encuentra inmerso en una profunda crisis económica financiera». También indicó que «los servicios públicos son parte de los derechos que consagra la Constitución» y que «el Estado está obligado a evitar desigualdades y mantener el equilibrio de las prestaciones».




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