El ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez, anunció ayer que será cobrada la deuda laboral que, según el gobierno de Hugo Chávez, dejó en Venezuela la estadounidense ExxonMobil con sus trabajadores, los que han sido contratados por la estatal petrolera PDVSA que preside. «Le vamos a cobrar esas deudas», porque «si el enemigo quería batalla, batalla va a tener», dijo Ramírez en un discurso ante un grupo de esos obreros, en una manifestación de repudio a ExxonMobil en el interior del país, aunque no detalló el monto involucrado.
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El anuncio de Ramírez se produce un día después de la suspensión de «las relaciones comerciales y el suministro de crudos y productos» entre Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y esa multinacional estadounidense y como respuesta al «hostigamiento jurídico-económico».
ExxonMobil logró recientemente amparos judiciales cautelares en tribunales de Estados Unidos, Reino Unido y Holanda para congelar activos de PDVSA por hasta u$s 12.300 millones, de los cuales logró ya la retención de u$s 300 millones.
Ello, para asegurarse una indemnización por haber sido excluida a mediados del año pasado de las operaciones petroleras que cumplía en Venezuela, una vez que se negó a asociarse en una empresa mixta con PDVSA como socia mayoritaria.
«No se trata de una disputa comercial», sino de «un paso más del imperialismo en su guerra por doblegarnos», pero «que sepan el enemigo yanqui y sus lacayos internos que aquí está la nueva PDVSA (...) en defensa de la revolución», exclamó el ministro.
Tras asegurar que se han «rescatado» u$s 40.000 millones con el nuevo marco de asociación de PDVSA con las multinacionales, aceptado entre otras por la estadounidense Chevron, Ramírez subrayó que «la solidez económica y financiera de la estatal se expresa en sus activos» y que éstos suman más de u$s 109.000 millones, lo que desnuda «la intención política» de ExxonMobil.
«No nos enfrentamos a ninguna monjita de la caridad; se trata de la ExxonMobil, la empresa más grande del imperialismo, con un historial de atropellos contra los países productores de petróleo; vinculada al Departamento de Estado de Estados Unidos», agregó.
Se trata de una empresa de «bandidos y forajidos», donde «altos funcionarios de la actual administración (gubernamental) norteamericana tienen estrechas vinculaciones de negocios», aseguró.
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