Los acreedores argentinos estudian la posibilidad de sumarse al comité global de acreedores que el lunes se conformó en Roma. Así lo revelaron integrantes de la Asociación de Ahorristas Damnificados por la Pesificación y el Default (ADAPD), cuya mesa directiva discutió ayer las características de la contrapropuesta que le presentarán al gobierno para la reestructuración de la deuda. Angélica Bergonzi, titular de ADAPD, aseguró ayer que los inversores argentinos no aceptan «una quita de capital» de los títulos en default. También defenderán el cobro de los intereses vencidos desde la declaración del default, que el gobierno insiste en no reconocer.
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Respecto del superávit fiscal, sugieren que el ahorro se eleve a 4% del PBI, contra 3% planeado por Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen.
La propuesta final que hará la agrupación se determinará en los próximos días, una vez que sea discutida con los bonistas. Una posibilidad elaborada por los equipos técnicos de la asociación es que el bono a la par que debería emitir el gobierno sería a perpetuidad, es decir, sin vencimiento, siguiendoel modelo que se aplicaen Inglaterra. Este título da derecho al cobro de intereses, pero la única posibilidad de recuperar el capital, aunque sea parcialmente, es venderlo en el mercado secundario.
Además, los ahorristas argentinos enviaron ayer al juez Thomas Griesa un informe en el que ponen bajo discusión el rol como acreedor privilegiado que mantienen el FMI y el resto de los organismos internacionales. En un escrito de 38 páginas, el experto sostiene la tesis de respetar el « tratamiento equitativo» para todos los acreedores.
• Bajo análisis
Este es un tema central que tiene bajo análisis el magistrado neoyorquino, tras un pedido del gobierno argentino para que se determine cuáles son los alcances de la cláusula denominada «pari passu» que figura en los títulos (ver nota aparte). De acuerdo con ésta, la Justicia podría considerar que los bonistas que no entran en la reestructuración de la deuda tienen derecho a cobrar los fondos que originalmente les correspondían antes del default.
En ese caso, el peligro para el gobierno es que los pagos a organismos o a los acreedores que sí aceptaron la reestructuración sean interceptados a favor de los hold-outs, es decir, aquellos inversores que no aceptaron la quita. Esta posibilidad, obviamente, significa una importante traba en el proceso de renegociación que pretende encarar el gobierno.
El informe elaborado por el abogado Eugenio Bruno, cuyo título es «Apoyando a los ahorristas argentinos en los juzgados de Nueva York», también solicita al juez que el 31 de enero libere la posibilidad de entablar embargos contra activos argentinos. En la presentación, también se cita la tapa de Ambito Financiero, correspondiente al 26 de diciembre, cuyo título principal fue «El gobierno desafía al FMI y acreedores: gastará $ 500 millones del superávit», con lo cual busca demostrar la poca voluntad por llegar a un acuerdo con los bonistas.
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