El manejo por lo menos desprolijo que tiene el gobierno con los títulos públicos en default podría generar nuevas demandas -a través de recursos de amparo- contra el Estado argentino. Pero en este caso no se debe a las demoras para presentar una propuesta de reestructuración, sino por la súbita suspensión del mecanismo que permitía pagar impuesto con títulos públicos.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Por una resolución del ministro Roberto Lavagna, y amparándose en problemas técnicos, se suspendió por un plazo de 60 días la aplicación de los Certificados de Créditos Fiscales (CCF) para la cancelación de gravámenes.
Se había definido un esquema para aplicar hasta el equivalente a $ 80 millones por mes para la cancelación de impuestos con bonos. En la licitación, empresas, bancos y público deben determinar qué porcentaje se cancela de los impuestos en efectivo y cuánto con títulos.
De esta forma, muchas compañías aprovecharon para desprenderse paulatinamente de títulos como LETES, BONTES y también del denominado «bono patriótico», que se colocó a principios de 2001. «Es increíble que cambien todos los días las reglas de juego. Ya en 2001 se había dispuesto este sistema y de un día para el otro lo cort an», se quejó el gerente financiero de una empresa que regularmente se presentaba en estas operaciones.
Más allá de la excusa esgrimida por problemas técnicos, una explicación que habría para esta suspensión está vinculada a la reestructuración. Los títulos que podían utilizarse para cancelar impuestos sufrirán una quita sustancial del capital.
Esta decisión provocó fuertes caídas en la cotización de las LETES, que tenían un mercado secundario relativamente activo. Mientras que antes cotizaban a cerca de 90 por ciento del valor pesificado (a $ 1,40 más CER), ahora cayeron a sólo 50 por ciento del valor nominal, lo que implica una reducción de casi 70 por ciento respecto a su precio original en dólares.
Dejá tu comentario