Analistas prevén ola de amparos

Jorge Telerman

Disparate jurídico, golpe mortal a la actividad inmobiliaria y la vuelta de una imagen negativa para los inversores extranjeros eran ayer algunas de las formas que encontraron los desarrolladores y analistas del sector para calificar la decisión del Gobierno porteño de suspender los permisos de obra en seis barrios la Capital Federal (ver nota aparte). Los constructores coinciden en que las consecuencias de la decisión de Jorge Telerman de frenar por 90 días la entrega de nuevos permisos, que esperan no se prorrogue, tendrá un fuerte impacto en una actividad motor de la economía. Y que si la situación empeora (lo que sucedería si surgen más sentencias que frenen proyectos en proceso), habrá una ola de amparos.

Para exponer sus fundamentos de por qué la medida es desacertada, las principales cámaras de desarrolladores se reunirán el próximo jueves al mediodía, donde darán a conocer un informe que entregarán al gobierno.

Preocupación

Los argumentos son varios, aunque simples. Por un lado, como explicó a este diario, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, hay una preocupación sobre la incidencia negativa que tendrá esta medida en la construcción de viviendas para la clase media (dados los barrios afectados). Francisco Balsano, de la inmobiliaria homónima, decía que era muy desconcertante que, por un lado, el Gobierno instaba a construir viviendas para familias de clase media a través de nuevas medidas económicas, con el impulso a los créditos para inquilinos, mientras que, por otro, frenaba los proyectos en los barrios más demandados.

El fundamento es aportado por otros desarrolladores que aseguran que ante la falta de terrenos en zonas premium como Puerto Madero (en donde la rentabilidad empresarial es mucho mayor que la que generan los proyectos de barrios de menor poder adquisitivo), muchos constructores se expandieron hacia barrios con alta demanda, pero precios muy inferiores, justamente los que hoy están vedados.

Los operadores dan otros ejemplos: «Un empresario que creó un fideicomiso y tiene un terreno para un desarrollo con planos en perfecto orden no podrá realizarlo porque la municipalidad no lo aprueba no se sabe por qué», dice.

Para Wagner, «la Ciudad tiene derecho a no dar permisos y quizá sea una medida prudente si se está afectando el ambiente. Las dudas están principalmente puestas en los jueces que podríanparalizar obras que ya están comenzadas, lo que sería inadmisible si los planos están aprobados», explicó.

Sucede que en la Ciudad de Buenos Aires, todos los edificios que se encuentran en obra fueron aprobados según el código de planeamiento local, una norma que rige desde 1977 con dos modificaciones posteriores. Los constructores no pueden comenzar una obra si no tienen la aprobación municipal (lo que no significa que en algún caso se haga) que comprende cuatro inspecciones en diferentes etapas de la obra. Entre los numerosos requisitos que debe cumplir un proyecto, se encuentra la presentación de una evaluación de impacto ambiental para los desarrollos que lo ameriten (según el destino, la zonificación y las características de la obra, varían los metros cuadrados mínimos que demanda un informe). También deben estar contratados en el plan original los servicios básicos como luz, agua y gas.

Los empresarios aseguran que la sobrecarga en el uso de los servicios públicos tampoco se debe a una afluencia de población hacia la Capital Federal motivada por la mayor oferta de departamentos. De hecho, dicen, la Ciudad mantiene la cifra constante de alrededor de tres millones de habitantes desde hace más de 50 años. En Miami, por ejemplo, la población crece a razón de 1,5% anualmente.

Servicios

Alejandra Covello, operadora de la zona de Barrio Norte, comentó: «Siempre es importante cuidar el tema ambiental, pero también es cierto que el Estado debe contribuir en lo que le corresponde para que la infraestructura sea la adecuada. En Estados Unidos, cuando un desarrollador pide permiso de obra, es mucho más burocrático el trámite, pero el Estado descuenta en impuestos las obras de servicios que se hagan», explicó.

En cuanto al mercado inmobiliario, si esta medida se mantiene, las provisiones son que al no permitir desarrollos importantes en los terrenos, éstos pierden valor. Habrá menos oferta de unidades y, por lo tanto, mayores precios que los actuales.