Anarquía con el aumento de prepagas (cuotas ya no respetan el acuerdo)

El gobierno intentó convencer a los usuarios de que había acordado con las prepagas un aumento de las cuotas de 2%. A cambio, fijó pagos adicionales para consultas y estudios. Pero finalmente los afiliados están recibiendo las facturas de enero con 23% de incremento, sin que se les haya dado la opción de pagar 2% más extras. Ocurre que nadie se ha hecho cargo del acuerdo. Ningún funcionario puso la rúbrica. Tampoco las prepagas. Entonces, no extraña que reine la anarquía entre empresas, prestadores, afiliados e incluso obras sociales por sobre el pseudoacuerdo promocionado por el gobierno.

«Las prepagas les tienen que pagar el aumento de 20% que acordamos; de lo contrario, denúncienlo», les dijo Guillermo Moreno a los representantes de las instituciones de diagnóstico médico al cabo de la reunión que mantuvieron ayer. Antes de despedirse y refiriéndose al acuerdo verbal entre el gobierno y las prepagas, reiteró el consejo: «Háganlo cumplir; si no, me llaman, pero denles tiempo» para ajustar los aranceles.

Así, el secretario de Comercio Interior intentó poner paños fríos frente a una realidad que ya pocos pueden ocultar: la anarquía domina las negociaciones entre prestadores, prepagas y obras sociales por encima de cualquier acuerdopromocionado por el gobierno. Porque lo que está ocurriendo es que algunas prepagas ofrecen a los prestadores un aumento de 7% a 8%, pero al que, además, deben descontarle 13,5% con referencia al valor de la prestación en el Nomenclador Nacional (que data de 1991). Menos aún, ninguna ha otorgado 20%, hasta ahora. Otras, como también algunas obras sociales, desconocen vía carta documento, cualquier ajuste. En algún caso, invitan a negociar a partir de febrero.

Semanas atrás trascendió que el gobierno había pactado con las prepagas que darían la opción a los afiliados de elegir entre un aumento de 2% en las cuotas de enero (2% en marzo y 2% en mayo) más el pago de aranceles adicionales (copagos) o de 23% sin copagos por consultas o estudios. Además, reajustarían 20% los aranceles a los prestadores tanto de clínicas y sanatorios como de laboratorios y otros institutos de diagnóstico. Días antes, las obras sociales nacionales, vía la homologación de una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, se comprometieron a reconocer un aumento de 20% en los aranceles de los prestadores neto de lo ya otorgado.

Lo cierto es que en medio del período estival pocos, por no decir ninguno, parecen respetar el compromiso con Moreno, a pesar de la espada de Domocles de las reiteradas amenazas de represalias por parte del secretario.

Parecería que el gobierno no sólo no evaluó bien el tema del ajuste de las prepagas, sino que, además, ha perdido la brújula como mediador y sólo parecería preocuparle el impacto inflacionario.

Incidencia

En este contexto resulta interesante comentar un estudio de Martín Morgenstern, especialista de Cadime, quien determinó que «los copagos propuestos podrían significar gastos mensuales promedio de entre $ 30 y $ 34 por persona». De modo que, dependiendo del valor de la cuota de la prepaga, «la incidencia de los copagos puede ser levemente menor o sensiblemente mayor que 22% aplicado directamente sobre las cuotas de enero». Es decir que prácticamente, según la evaluación por costos técnicos actuariales, o sea, en función de parámetros de consumos promedio, sería indiferente para el afiliado optar entre el sistema de copagos y un aumento de 2% o el que excluye pagos extras con 23% de suba promedio. Morgenstern puso como ejemplo un plan de $ 150 por persona: en este caso, la incidencia promedio sería de 20,1% que al adicionarle 2% de aumento en enero daría 22,1%, o sea, el mismo aumento del plan sin copagos.

El especialista cargó contra los copagos sosteniendo que «son regresivos, ya que, a menor salud, mayor necesidad médica o menor costo del plan, mayor incidencia porcentual de los copagos sobre los gastos de bolsillo». Para una familia tipo con un ingreso mensual de $ 3.000 pueden estar destinando $ 600 al pago de la prepaga (20% del ingreso), entonces, un aumento de 22% significa en enero $ 732, o sea, 24,4% del ingreso del hogar. Y como endeudarse para pagar la prepaga no es usual, deberán reducir otros consumos.

En relación con el valor de los copagos, desde Cadime, entidad que agrupa a los institutos de diagnóstico médico, señalan con suspicacia que una consulta médica costará $ 20, pero al profesional la prepaga le abona $ 15, o cómo se explica que una ecografía cuesta hoy $ 22 en las obras sociales y el copago lo fijaron en $ 30.

Pero hay otras curiosidades que surgen del pseudoacuerdo gobierno-prepagas: se estableció un copago por internación, cuando la Ley 24.754 obliga a la misma prestación a obras sociales y prepagas, y precisamente el PMO cubre 100% de la internación. O sea, el copago por internación es ilegal. Guillermo Gómez Galicia, presidente de Cadime, reclamó algún subsidio para el sector como tiene el transporte. «Nos sentimos discriminados», dijo, a la vez que consideró que «el gobierno debería actuar frente al alto nivel de concentración económica del sector». Según Cadime, las prepagas tienen ya la plata para afrontar el ajuste de 20% y no necesitan cobrar 23% anunciado. «Por eso no somos inflacionarios», sostienen.