La Cámara de Diputados aprobó anoche el proyecto del Poder Ejecutivo para renegociar los contratos con las empresas de servicios públicos privatizados. El proyecto de ley, que se aprobó con 87 votos a favor, 65 en contra y 3 abstenciones, fue votado por el justicialismo, mientras que el radicalismo, el ARI, el socialismo y otras bancadas minoritarias lo rechazaron.
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La iniciativa dispone en sus puntos centrales la extensión hasta el 31 de diciembre de 2004 del plazo para llevar a cabo la renegociación de los contratos de concesión de servicios públicos, dispuesto en el artículo 9 de la Ley 25.561.
La sesión de ayer se inició cuando el radicalismo aceptó votar el tratamiento sobre tablas del proyecto -ya que no cuenta con el plazo reglamentario desde la emisión del dictamen de comisión-y se prolongó con un debate de más de cuatro horas. Los justicialistas tenían asegurado el número para imponerse en la votación, sin modificar lo ya aprobado por el Senado. Por lo tanto Néstor Kirchner cuenta desde hoy con la herramienta necesaria para subir tarifas por decreto, algo que intentó, de todas formas, Eduardo Duhalde en dos ocasiones, pero que en ambos casos fue bloqueado por la Justicia.
El peronismo defendió en la cámara presidida por Eduardo Camaño la iniciativa y los radicales, aunque colaboraron con el número, se opusieron al otorgamiento de facultades, pedían mayor control del Congreso y una modificación de los marcos regulatorios antes de proceder a la renegociación.
El ARI de Elisa Carrió había anunciado desde temprano su oposición argumentando que el «Poder Ejecutivo planea un aumentode tarifas». «Es un grave error que va a cometer el Congreso», dijeron los aristas. «Se esconde una nueva delegación de facultades del Congreso al PEN y se van a cometer los vicios de la primera etapa de las privatizaciones».
• Facultades
La historia de la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo fue siempre complicada, hecho por otra parte lógico, ya que la Constitución Nacional es extremadamente restrictiva en ese tipo de poderes delegados, al punto que amenaza con declarar traidor a la patria a los legisladores que lo hicieran sin la debida fundamentación. Esto no impidió, de todas formas, que la delegación de facultades al PEN no haya sido una constante en la historia argentina, demasiado asidua para el gusto de cualquier constitucionalista.
La ley aprobada ayer establece:
. «La extensión hasta el 31 de diciembre de 2004 del plazo para llevar a cabo la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos», que fue dispuesto en la Ley de Emergencia Económica.
. La renegociación podrá abarcar a distintos sectores de servicios públicos o a determinadas contrataciones en particular.
. Los marcos regulatorios de cada servicio sancionados por ley no serán límite para las decisiones que tome el gobierno. Esto significa que se faculta al Ejecutivo a modificarlos por decreto.
. Inclusive se supedita el accionar de los entes reguladores en materia de revisiones contractuales, ajustes y adecuaciones tarifarias previstas en los marcos regulatorios respectivos, a lo que decida el gobierno en las renegociaciones.
. Kirchner podrá modificar dentro de la renegociación de contratos de concesión cualquier aspecto de las licencias, adecuaciones, revisiones o enmiendas a esos contratos o adecuar tarifas.
. El gobierno debe remitir las propuestas de renegociación a una Comisión Bicameral de Seguimiento.
. Si el Congreso no se expide, a favor o en contra, dentro del plazo de 60 días, se tendrá por aprobadas las decisiones tomadas por el Ejecutivo, un procedimiento que se asimila a la «sanción ficta».
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