La Cámara de Senadores de San Luis sancionó la peligrosa ley «anticorralito», que exige que los bancos restituyan los depósitos de los ahorristas puntanos en las condiciones originalmente pactadas, so pena de que si no cumplen, perderán su habilitación para operar en esta plaza.
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La ley declaró también la emergencia financiera en San Luis, que se convirtió en el primer Estado provincial en manifestarse en contra de las normas que establecieron el «corralito» financiero.
Pero no será sin riesgos, ya que las sedes bancarias que operan en la provincia no estarían en condiciones de restituir los fondos a los ahorristas, lo que obligará a muchos de los bancos a abandonar la provincia, dejándola virtualmente sin sistema bancario. En rigor, esta ley exige a los bancos la restitución inmediata y sin restricción alguna de los depósitos de los ahorristas en su moneda original.
Acerca de cuál será la actitud que adoptarán los bancos, los gerentes del Banex, Regional de Cuyo y Nación se limitaron a responder que esperarán las directivas de las respectivas casas centrales y desistieron responder si en estas entidades tienen el dinero suficiente como para cumplir con lo normado en esta ley.
«Estamos subordinados, atados, al ordenamiento jurídico nacional y las disposiciones del Banco Central, por lo que si aceptamos ajustarnos a una ley provincial, cuanto menos entraríamos en contradicción por no decir en violación de leyes nacionales», coincidieron en señalar varios ejecutivos.
Con ello quieren decir que la ley «anticorralito» para los bancos es «letra muerta». ¿Puede un Estado provincial arrogarse la facultad de legislar en la materia o ir abiertamente por encima de una ley nacional?, se preguntaban desde el sistema financiero local sin encontrar respuestas más allá de que están convencidos de que la provincia no puede hacerlo. Hasta se considera que tendrá un efecto negativo porque si los bancos son expulsados, los ahorristas tendrán que reclamar la recuperación de su dinero fuera de la provincia.
La avanzada de la provincia surge en consonancia con la disputa que mantiene el gobierno puntano con la Nación por la restitución de 247 millones de dólares que San Luis tiene despositados en el Banco Nación, y cuyo futuro se define ahora bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia.
La normativa sancionada establece que los titulares de esos depósitos podrán acordar con la entidad financiera distintas modalidades para su reintegro. Y determina que los bancos que no den cumplimiento a las obligaciones emergentes de la norma legal pueden ser objeto de la revocación de la autorización oportunamente otorgada para funcionar en la provincia y serán pasibles de multas y sanciones.
Se aclara que en ningún caso, las acciones de restitución de los depositantes tramitadas bajo la presente ley suponen el desestimiento o el apartamiento de los recursos judiciales oportunamente presentados.
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