Apuran a FMI para firmar miniacuerdo

Con el desembarco en Buenos Aires del subdirector del departamento occidental del FMI, John Dodsworth, el equipo económico apuró ayer las negociaciones para conseguir la aprobación final de las metas comprometidas para la segunda revisión del miniacuerdo.

Básicamente, las discusiones pasaron por la prórroga de la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, que anteayer fue promulgada en el Boletín Oficial.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, ya solicitó formalmente un «waiver» (perdón) por la medida, que estaba explícitamente vedada en el punto 30 del acuerdo.

•Quejas

Otro de los temas clave que planteó la misión del FMI pasó por la situación del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO). En ese sentido, piden que la institución también convoque a una licitación internacional para reestructurar la entidad. Si bien hasta ahora hubo resistencias, el titular del BAPRO, Ricardo Gutiérrez, ahora accedería al pedido.

Hubo también quejas de los técnicos del Fondo por otros temas que están pendientes. Entre ellos, el paraguas judicial para los directores del Central (lo cual requiere la modificación de la carta orgánica de la institución) y la compensación a los bancos. Ambas cuestiones están en el Congreso y no hay signos de que se avance rápidamente en estos temas.

Ayer hubo reuniones de los funcionarios del organismo con el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, y también con el presidente y vice del Central, Alfonso Prat-Gay y Pedro Lacoste, respectivamente. Por el FMI, además de Dodsworth, también están el encargado del caso argentino, John Thornton, y la especialista en temas legales Rhoda Brown.

«Estamos más cerca del acuerdo final, pero tenemos que convencerlos de que no habrá nuevas prórrogas», señalaban ayer altas fuentes de Hacienda. La misión se quedará sólo hasta mañana, con lo que se supone que la definición final será rápida.

•Impacto nulo

Aparte de apelar a la buena voluntad de los técnicos del FMI que están en Buenos Aires, el equipo económico intenta asegurarles que el impacto de la suspensión de las ejecuciones será prácticamente nulo para los balances de las entidades.

De acuerdo con los datos que divulgaron las asociaciones bancarias, los créditos que correrían peligro de remate no superan los 16.000 y el monto no llega a los $ 500 millones. De todas formas, si se toma en cuenta la cantidad de créditos con juicios en proceso, aún no finalizados, la cantidad baja a unos 10.000.