Aumentarían en abril los sueldos de funcionarios

El gobierno prorrogó ayer la vigencia del tope salarial de $ 3.000 para funcionarios. Sin embargo la medida sólo se extenderá hasta el 31 de marzo. Trascendió que la intención oficial es que en abril el tope se elimine y se incrementen los sueldos del Presidente, jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios, que hoy cobran inclusive menos que la planta permanente. La existencia de un límite para sueldos de cargos altos siempre genera o bien que no haya interés en asumirlo o, más frecuentemente, desata una ingeniería burocrática para sortear esa valla. La idea del gobierno es correr el tope de $ 3.000 hasta $ 5.000 por mes.

El gobierno prorrogó ayer hasta marzo de este año la vigencia del tope salarial de $ 3.000 para funcionarios nacionales, pero evaluará en los próximos meses la situación política para eliminar el límite desde abril. Si la medida a priori no genera rechazos, desde ese mes, el presidente de la Nación, los ministros, secretarios, subsecretarios y, eventualmente, directores de área (cuando hayan sido nombrados políticamente y no sean funcionarios de carrera) podrían ver incrementado su salario hasta un límite de entre 4.500 y 5.000 pesos. Este aumento no implicaría ningún tipo de alza en los salarios tadel resto de la administración pública nacional ni la incorporación de los 200 pesos de remuneración que percibieron los trabajadores privados en relación de dependencia.

Ayer se conoció la primera prórroga de la gestión de Kirchner, que, en lugar de llevar la restricción hasta diciembre de 2004 (tal como le permitiría la vigencia de la Ley de Emergencia Económica), sólo extendió el plazo del tope hasta el 31 de marzo de este año. La medida se tomó el 29 de diciembre de 2003, a través del Decreto 1.357 que ayer apareció en el Boletín Oficial. En las próximas semanas comenzará la evaluación pública del cambio de la medida, que de todas formas no implicará una liberalización total de tope, sino un alza en la retribución. Se habla de un salario de 5.000 pesos para el Presidente y el jefe de Gabinete, y unos 4.500 pesos mensuales para los ministros.

«Mantener el tope de los 3.000 pesos es una hipocresía. Tendríamos que haber terminado ya con ese tope y no esperar hasta abril», se quejaba el lunes uno de los ministros del gabinete de Néstor Kirchner, días después de haber firmado el decreto donde se reglamenta la vigencia del límite sólo hasta marzo. Otras fuentes cercanas al Poder Ejecutivo aseguraban ayer que la decisión de Kirchner era terminar ya con el tope, que rige actualmente sólo para funcionarios políticos, pero que se decidió esperar tres meses para evaluar la forma en que tomaría la medida la opinión pública, «siempre susceptible a tomar a mal cualquier cosa que implique aumento de salarios para funcionarios», según la visión oficial.

Lo que en realidad se espera es que la recuperación económica para esa fecha esté más consolidada y se acepte lo que sería un aumento salarial para algunos funcionarios públicos. Igualmente no se volvería a los niveles anteriores a la vigencia de lo hecho por el ex presidente por una semana Adolfo Rodríguez Saá, luego de la renuncia de Fernando de la Rúa. En ese momento la medida era extensiva a toda la administración pública nacional, en cualquiera de sus niveles. El salario presidencial, antes de implementar este tope, llegaba a los 10.000 pesos mensuales, y el resto de los empleados públicos se escalonaba por debajo de ese máximo.

La medida fue luego prorrogada por Eduardo Duhalde el 23 de enero de 2002, durante la gestión de Jorge Remes Lenicov en el Ministerio de Economía y mientras se preparaba el plan de «pesificación asimétrica». En ese momento, se decidió dejar fuera del tope de los 3.000 pesos a la plan-permanente y los diplomáticos, con lo cual sólo alcanzó a los funcionarios políticos (presidente, secretarios, subsecretarios y directores). La explicación de este «desenganche» es que la intención era producir «un gesto de ejemplaridad», según las palabras del propio Eduardo Duhalde. En realidad, existía el temor cierto de que la mayoría de los empleados públicos que antes de la restricción superaban esa remuneración recurriera a la Justicia ante lo que consideraba una reducción salarial que violaba el artículo 14 de la Constitución nacional, cuestionamiento que luego fue avalado judicialmente al ser declarada ilegal la baja de 13% de los sueldos públicos aplicada por Domingo Cavallo. La única forma de salvar la restricción era limitarla a empleados políticos.