La nueva promesa salarial que el gobierno incuba hace más de una semana, y da a conocer en dosis diarias, volvió a agitar a las provincias con la amenaza de otra ola de paros. Estos podrían tener igual virulencia que las protestas originadas por el primer incremento de $ 150 concedido por Néstor Kirchner a los estatales nacionales. Además de ser una medida electoralista -la Casa Rosada hasta encargó una encuesta obvia en la que la gente apoya una mejora en los sueldos-, pone en situación extrema a los gobernadores. Ellos no pueden imitar al Presidente sin contradecir las restricciones en el gasto impuestas por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sobre todo, porque quienes ganan menos de $ 1.000 en las provincias son la inmensa mayoría de la población.
