Automotrices piden apertura con Brasil para evitar 4.000 despidos

Cansadas ya de esperar sin éxito la reactivación del mercado interno, las automotrices pedirán oficialmente al gobierno la apertura total del comercio con Brasil. Las exportaciones a ese país -hoy limitadas por el régimen automotor- son la última esperanza para frenar el despido de alrededor de 4.000 empleados que las empresas del sector tienen previsto para los próximos meses.

El miércoles pasado los presidentes de las terminales locales terminaron de definir la propuesta que, junto con los fabricantes de autopartes (AFAC), presentarán al gobierno.

El acta de acuerdo firmada el viernes último tiene dos puntos principales:

• Impulsar la especialización industrial para evitar la duplicación de plataformas producidas en el Mercosur.

• Alcanzar la desregulación total del comercio con Brasil.

En el documento, se aclara que esta apertura está ligada a la convergencia de las variables macroeconómicas entre los dos países. Por ese motivo, se propone como paso inicial incrementar a una relación de 3 a 1 el margen del comercio bilateral.

• Compensación

Actualmente, rige un sistema de compensación 1 a 1 para exportaciones e importaciones con un margen de hasta 10%. Por cada auto o pieza que ingresa, se debe exportar el equivalente. En caso de no cumplir con este equilibrio, se aplican multas.

Esto provoca situaciones insólitas de algunas empresas que, pese a la mayor demanda desde Brasil, no pueden exportar más para no ser sancionadas. Al destrabarse este mecanismo, las fábricas locales podrán mantener parcialmente la producción para abastecer al socio del Mercosur. Desde Brasil, ya hay aceptación para ampliar el cupo, ya que algunas filiales de ese país son las que deberían pagar la multa por haber importado sin compensar con exportaciones. Con el mercado argentino paralizado es ilógico pensar que las fábricas brasileñas puedan exportar hacia el país.

Durante 2001 se exportaron 155.123 unidades contra las 135.760 vendidas en 2000, pero en los últimos meses del año pasado se frenaron los envíos por las limitaciones del régimen.

El documento, además, establece en 40% el contenido local mínimo de componentes (calculados por empresa y por proceso) que debe tener la producción de autos y utilitarios livianos. En el caso de los vehículos pesados se fija un contenido regional (Mercosur) de 60% y 40% para extrazona. El plazo que se otorga para llegar a estos objetivos -que fueron fijados sobre la base de una relación de $ 1,40 por dólar- es de tres años.

La dramática situación del sector se evidencia en las declaraciones de Luc Menard, responsable de Renault para el Mercosur, que la semana pasada anunció que la planta de la empresa en Córdoba -parada desde diciembre- permanecerá cerrada hasta marzo o abril. Esta automotriz, que lidera el mercado argentino, vendió en enero sólo 400 autos (tiene más de 10.000 vehículos en stock), lo que proyecta un volumen total para todo el sector de apenas 2.000 unidades para el mes, el nivel más bajo de toda la historia. Una sola empresa podría producirlos en tres días de actividad.

Entre esta semana y la próxima se estaría reanudando la actividad en las plantas que permanecieron cerradas en enero por «vacaciones». Sin embargo, la apertura en la mayoría de los casos sería formal, ya que la producción sería mínima sólo para abastecer algunos envíos al exterior.

Lo cierto es que la sensación que domina a los socios de ADEFA, presidida por Luis Ureta Sáenz Peña, es de «pánico», como definió ayer a este diario un directivo de una automotriz.

Durante todo enero los responsables de las terminales estuvieron definiendo el ajuste de personal que deberían aplicar para adaptarse a las perspectivas del año con despidos de entre 500 a 800 empleados en cada una de las principales empresas.

«Nosotros podemos planificar el año, pero si el país no cambia rápidamente, no hay ajuste que alcance, tenemos que irnos del país», admitió finalmente otro directivo.

De hecho, las automotrices estaban preocupadas porque en la Ley de Emergencia Económica se duplicó el monto de indemnización para despidos sin causa por un período de 180 días y no de 90, como se había propuesto, lo que encarecería los recortes.