En la Procuración del Tesoro festejaron ayer por una resolución del CIADI que consideran favorable para la Argentina, vinculada a la causa iniciada por la empresa estadounidense LGyE -inversora en GasBan, Gas Cuyana y Distribuidora de Gas del Centro- por u$s 270 millones. Aún no se determinó la condena económica que debería enfrentar el país, en caso de corresponder.
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Entre otros conceptos, el tribunal arbitral del Banco Mundial asegura que la Ley de Emergencia Económica fue necesaria y legítima, considerándola como una salida válida para la Argentina en medio de la crisis. Además, reconoce que fue razonable abandonar el cálculo de tarifas en dólares y el posterior congelamiento, agregando que no se expropió la inversión. Estos son reclamos generalizados por parte de las empresas que explotan servicios públicos en el país.
De acuerdo con la visión que ayer expresaban fuentes oficiales, esta medida «abre un panorama inmejorable con miras a la solución de 90% de los casos CIADI, que se promovieron a raíz de la emergencia económica».
De todas maneras, el CIADI emitió una resolución, pero todavía no un laudo. Este se producirá cuando se determine el daño posterior al 26 de abril de 2003. A partir de esa fecha, un mes antes de la asunción de Néstor Kirchner, el tribunal considera que ya no existía una situación de emergencia y que la Argentina debía recomponer las tarifas de servicios públicos que involucran a LGyE. El fallo fue analizado ayer en Casa de Gobierno por el Presidente junto al titular de la Procuración, Osvaldo Guglielmino.
Los jueces deberán estimar ahora cuál era la tarifa que hubiera correspondido aplicar a partir de 2003. De lo que surja de este cálculo saldrá el daño económico que tendrá que afrontar la Argentina.
Si esto se aplicara al resto de las empresas que están en pleno juicio, reclamando más de u$s 15.000 millones, el impacto para el país igual sería importante. La decisión del gobierno de Kirchner de haber prolongado el congelamiento de tarifas resultó un hecho ajeno a la emergencia que vivió el país, al menos de acuerdo con la visión del tribunal del CIADI que se expidió sobre la demanda de la compañía eléctrica estadounidense.
