Avanza levantar secreto bancario

Sólo la urgencia que imprimió la intimación al país del Grupo de Acción Financiera Internacional -máximo organismo mundial en combate al lavado y financiamiento del terrorismo- para que se modifique la actual legislación sobre lavado dinero consiguió ayer que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto que habilita el levantamiento del secreto bancario y bursátil cuando se investigan operaciones sospechadas de lavado sin necesidad de intervención judicial. Fue el único proyecto clave de los que le interesan al gobierno que el peronismo pudo votar ayer.

En medio de las presiones que desató en el recinto de Diputados la interna peronista de la provincia de Buenos Aires, hubo una ventana de paz que le permitió ayer al Poder Ejecutivo avanzar con la reforma a la ley de lavado. Era el paso más duro, ya que ahora se presume que el Senado tendrá menos inconvenientes en sancionar la norma. Así, el gobierno podrá llegar a tiempo al 25 de junio cuando se reúna el GAFI en París con un avance en los puntos más conflictivos de la legislación local que ese organismo había ordenado modificar so pena de expulsar a la Argentina de su seno.

El perjuicio no es sólo una cuestión de prestigio internacional: un informe negativo del GAFI puede influir negativamente en el futuro otorgamiento de créditos al país por parte del Banco Mundial o el BID, como explicó ayer en el recinto Rodolfo Frigeri.

El proyecto sancionado ratificó lo que habían firmado los diputados en las comisionesde Finanzas y Legislación Penal. Pero dista del proyecto integral que habían elaborado el Banco Central, el Ministerio de Economía y el de Justicia sobre la base de los requerimientos que comunicó el GAFI en sus reuniones de París de octubre de 2003, 2004 y en febrero de este año, fecha en que se lanzó a la Argentina la última intimación.

En realidad, esa versión original que recorrió Diputados y el Senado, pero que sufría demoras por la oposición de muchos legisladores, contenía también una importante modificación al Código Penal introduciendo penas más duras al financiamiento del terrorismo y definiciones que no llegaron a acordarse.

Frente a esa realidad, y con el tiempo en contra, se terminó votando un proyecto del peronista Jorge Argüello que dispone:

• Las entidades financieras, agentes de Bolsa, compañías de seguros, AFJP, agentes de cambio y hasta casas de juego no podrán oponer el secreto bancario o bursátil cuando la Unidad de Información Financiera -organismo que depende del Ministerio de Justicia destinado a monitorear operaciones sospechosas de lavado de dinero- requiera informes sobre cualquier cliente, sin necesidad de contar con una autorización judicial previa, como sí existe en la actualidad.