Avanzó ayer en el Senado el tratamiento del proyecto que otorga a Roberto Lavagna el poder de decidir sobre compras, fusiones, cartelización o denuncias sobre empresas, si éstas se encuentran en áreas clave como servicios públicos o defensa. Esas facultades hasta ahora las tiene sólo la Comisión de Defensa de la Competencia, y el tribunal de esa área todavía no creado, cuyos dictámenes únicamente debían refrendarlos el secretario de Industria y el ministro.
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Ahora Lavagna podrá escuchar o no esas sentencias. Para defender el proyecto, Leonardo Madcur, secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, concurrió ayer a la Comisión de Industria y Comercio junto con Ismael Malis, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y ambos atribuyeron el proyecto modificando la legislación sobre defensa de la competencia a la experiencia en torno a la venta de PeCom (Pérez Companc) -propietaria de parte Transener- a Petrobras.
La historia comenzó cuando Petrobras compró PeCom Energía, la que dentro de sus activos tenía una participación de casi la mitad de acciones en Transener, la principal transportadora de energía eléctrica del país. El gobierno de Eduardo Duhalde -en parte, presionado por empresas locales- concluyó que no era conveniente que una empresa estatal de un país limítrofe controlara la distribución troncal de electricidad en el territorio nacional. Por eso negoció con los brasileños para que se comprometieran a desprenderse voluntariamente de Transener, ya que, en realidad, no existía -quizá por un grueso vacío legal- ninguna norma que obligara a Petrobras a deshacerse de esa tenencia ni impedirle hacerse cargo de la transportadora.
• Marcha atrás
Pasaron dos años de ese compromiso sin que hubiera venta, y la Secretaría de Energía apuró la operación poniendo el 31 de marzo de 2006 como fecha para la transferencia de Transener a un nuevo dueño. Pero, finalmente, el gobierno debió dar marcha atrás con esa resolución ante la reticencia de la empresa brasileña. Según explicó Madcur ayer, es por casos como éste que el gobierno quiere tener un poder centralizado en la aprobación y decisiones sobre fusiones entre empresas o ventas que comprometan activos estratégicos del Estado o servicios públicos.
Madcur inició la reunión informando que el proyecto propone modificar seis artículos de la actual Ley de Defensa de la Competencia, incorporando dos nuevos capítulos. Así se establece una instancia intermedia en el proceso administrativo de aprobación de una fusión o compra y se dispone, finalmente, la constitución del Tribunal de Defensa de la Competencia -creado en origen por la ley, pero nunca conformado por pujas políticas- con los miembros actuales de la Comisión de Defensade la Competencia. Se explicó que en la actualidad la comisión elabora un dictamen sobre cualquier proceso en investigación -denuncias por concentración, abuso de posición dominante, cartelización, fusiones o compras de empresas- y el secretario de Coordinación Técnica se encarga de aprobarlo o de rechazarlo. Allí se agota entonces la vía administrativa.
El proyecto prevé que se constituya finalmente el tribunal previsto por la ley y que sus resoluciones sean definitivas en lo administrativo, pudiendo apelarse, obviamente, ante la Justicia. Y aquí viene el cambio: se derivan al ministro esas decisiones en materia de concentraciones, monopolios u oligopolios siempre que esté en juego el «interés general de la Nación y que se trate de servicios públicos». En esos casos, lo que resuelva el tribunal queda a absoluta discreción del ministro de Economía, que podrá aceptar o no sus resoluciones.
El radical Ernesto Sanz preguntó en la reunión de comisión el porqué de la necesidad de modificar ahora la ley. Fue entonces cuando Madcur aclaró que hubo casos que motivaron la necesidad de cambiar la ley, como fue la operación de Pe-Com, Petrobras, Transener y otras empresas de gas.
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