Tras las dudas de bonistas, Kicillof obligado a dilatar pagos al 31-E

Economía

Acreedores cuestionaron falta de tiempo para analizar la propuesta y la indefinición sobre un plan integral. La Provincia confía en alcanzar consentimiento. Pagará intereses por 27 millones de dólares.

Axel Kicillof recibió ayer en Israel la confirmación de la primera derrota financiera de su gestión como gobernador. En medio de los contactos diplomáticos que rodeaban la gira oficial del presidente Alberto Fernández, el mandatario ordenó telefónicamente a su ministro de Economía, Pablo López, extender hasta el 31 de enero el plazo para que los tenedores del bono BP21 (10,875%) den su consentimiento a diferir hasta el 1 de mayo el pago de una cuota de capital por u$s250 millones que debía cancelarse el 26 de este mes. Caso contrario, la provincia corre el serio riesgo de caer en default, condicionando también el futuro de la negociación de la deuda nacional con bonistas privados y con el Fondo Monetario.

La prórroga anunciada por Buenos Aires llegó después de que el Comité de Bonistas con sede en Nueva York cuestionara la falta de tiempo para analizar la propuesta de reperfilamiento y la ausencia de definiciones sobre un plan económico, justo sobre el filo del plazo que expiraba ayer y que mantuvo en vilo a los mercados, que reaccionaron luego con una baja temporal de hasta 5 % para los bonos en dólares (terminaron la jornada con caídas de hasta 0,8 %), y de 2,3 % en pesos, mientras que el título bonaerense cerró paradójicamente con una recuperación de 0,74% (ver página 3).

“A la fecha hemos recibido el apoyo de un número significativo de bonistas y continuamos en diálogo con inversores institucionales cuya participación permitiría arribar al resultado buscado”, sostuvo el ministro López y agregó que “esta prórroga se otorga teniendo presente el diálogo constructivo que la Provincia viene manteniendo con sus acreedores”.

En simultáneo a ese anuncio oficial, Kicillof se trasladaba desde Jerusalén hacia Jaffa, sur de Tel Aviv, junto al canciller Felipe Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, para visitar el Centro Peres por la Paz y la Innovación. En el camino el gobernador tuvo tiempo para digerir la bronca por la respuesta de los acreedores, aunque se mostró optimista ante la posibilidad de sumar en los próximos nueve días a los inversores desencantados con quienes mantienen abiertas las conversaciones. Incluso, el propio Kicillof habría aprovechado el desembarco en Israel para tomar contacto allí con algunos bonistas de Medio Oriente.

La ingeniería financiera diseñada por la Provincia responde a la imposibilidad de pago planteada por el oficialismo ante los vencimientos de este año. Según un informe de la consultora Elypsis, el gobierno bonaerense deberá afrontar en el primer semestre el pago de u$s2.120 millones y tan solo en enero debe desembolsar u$s 725 millones. En tanto que en la segunda parte del año deberá pagar u$s586 millones. En su gran mayoría se trata de deuda emitida bajo legislación extranjera durante la gobernación de Daniel Scioli y de María Eugenia Vidal. Por caso, el bono en cuestión, el BP21, fue colocado por Scioli en 2011 a instancias del propio Kicillof, por entonces ministro de Economía nacional.

La necesidad de reconfigurar los plazos del bono va de la mano también de la confirmación del ministro Martín Guzmán de que “no habrá salvataje financiero” para Buenos Aires, ya que un auxilio en ese sentido no sólo provocaría un efecto “cascada” de reclamos idénticos de otros distritos con deudas en divisa extranjera, sino que contradeciría la estrategia nacional de cumplir sólo con el pago de intereses y no de capital.

En efecto, esa definición abona la teoría de algunos observadores respecto de que la avanzada de Kicillof frente a la deuda opera en realidad como globo de ensayo del plan de la Casa Rosada de cara a la negociación nacional, que dio el primer paso en las últimas horas con el envío al Congreso de la ley de “sostenibilidad de la deuda” soberana.

Argumentos

El pronunciamiento de los bonistas bonaerenses, cuyos asesores financieros son las firmas Mens Sana Advisors y Broadspan Capital Advisors, sostuvo que la propuesta de prórroga fue realizada en “un período de tiempo truncado, sin el beneficio de un proceso formal de identificación de tenedores de bonos, y en ausencia de un plan integral para la deuda de la Provincia“, según el texto, que fue girado también a distintos inversores a través de la plataforma de Emerging Markets Trading Association, entre otros.

De acuerdo con las cláusulas de acción colectiva incluidas en el Contrato de Fideicomiso del bono u$s750 M 10,875% con vencimiento en 2021, si la propuesta de diferir el pago de capital correspondiente al 26 de enero es aceptada por los tenedores de al menos el 75% del capital en circulación de dichos bonos, estos serán modificados con efecto vinculante para todos sus tenedores.

Bajo los términos del bono, la Provincia cuenta con un período de gracia adicional de 10 días para el pago de capital y de 30 días adicionales para el pago de intereses por (en este caso por u$s27 millones), sin incurrir en una causal de incumplimiento bajo dichos instrumentos, recordaron ayer desde los despachos de La Plata.

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