Ayuda de Nación será para provincias que gastaron de más

El anuncio del gobierno nacional de garantizar el envío de fondos a las provincias para el pago de sueldos, establece un trato injusto para las administraciones que ajustaron sus gastos y beneficia a las que incrementaron sus erogaciones y sus plantas de personal. La relación es directa: a seis provincias, la coparticipación no les alcanza para pagar los sueldos porque tienen altos sueldos o muchos empleados. Igualmente, la Nación les mandará íntegramente los fondos coparticipables. En cambio, a otros doce distritos el pago de salarios les absorbe sólo un parte de la coparticipación. Estas, según dispuso Eduardo Duhalde, dejarán de recibir los fondos nacionales que no se destinen al pago de trabajadores. Pierden las provincias que ahorraron en masa salarial para usar esos recursos en otros áreas (obras públicas, planes sociales) y ganan las que, como Buenos Aires, saturaron al estado con empleados, incrementando el gasto descontroladamente. Duhalde tiene probada experiencia: en 1997, cuando era gobernador, la coparticipación alcanzaba para pagar todos los sueldos; hoy sólo cubre 70 por ciento del costo laboral.

La promesa nacional de garantizar a las provincias los fondos para el pago de sueldos es un premio para las administraciones con mala conducta fiscal.

Es tan simple como injusto: las provincias que aumentaron descontroladamente sus gastos serán beneficiadas y se castigará a las que tuvieron una conducta racional.

Doce distritos reciben más coparticipación tributaria desde la Nación que lo que gastan en sueldos y resultarán perjudicados por el nuevo esquema.

En cambio, otras seis provincias -especialmente Buenos Aires-abultaron su planta de personal y generaron gruesos déficit estructurales recibirán salvatajes.

Sin computar los datos de Capital Federal, el gasto salarial provincial ronda los 16.500 millones de pesos al año, cifra similar a la coparticipación girada en el año 2000.

A simple vista, el número es redondo -este año los envíos serán menores en 2.000/3.000 millones-pero el desglose, según Delphos Investment, por provincias muestra una clara desigualdad:

LAS BENDECIDAS. Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Santa Fe, Santa Cruz y Neuquén (las dos últimas si no se computan las regalías hidrocarburíferas) gastan más en sueldos que lo que les manda la Nación, lo que indica que no realizaron ajustes ni racionalizaron el gasto. A pesar de eso, con el argumento de garantizar salarios, Duhalde les enviará toda la coparticipación.

LAS CASTIGADAS. Los fondos coparticipables que reciben San Luis, Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, San Juan, Santiago, Tierra del Fuego y Tucumán son suficientes para pagar los salarios. Esto no implica que sean provincias austeras -algunas sí lo son-, pero muestra que los envíos de la Nación se usan con otros fines (financiar obras o gastos operativos del Estado). Con el sistema que anunció el gobierno serán perjudicadas.

SIN VARIANTES. Para Córdoba, Chaco, Entre Ríos, La Rioja y Río Negro la situación es equilibrada. Reciben de la Nación lo que gastan, con leves diferencias, para pagarles a sus empleados. El método que quiere instrumentar Duhalde no las perjudica ni beneficia.

Estas divisiones genéricas se hacen más gráficas y significativas al desmenuzar casos puntuales. Los extremos los marcan Buenos Aires y San Luis. Mientras el distrito que ahora gobierna Felipe Solá tiene alrededor de 5.300 millones en sueldos, la coparticipación tributaria ronda los 3.500 millones. Es decir, se girarán todos los fondos a la provincia para aliviar el peso que el costo salarial (él duplicó la planta de personal) tiene sobre el presupuesto bonaerense. Un detalle explica la conducta de Duhalde: en 1997, cuando era gobernador la relación sueldos/coparticipación era equilibrada. Ahora tiene un desajuste de 1.800 millones por año. El caso contrario es San Luis. La provincia que gobernó por 18 años Adolfo Rodríguez Saá recibe 350 millones de la Nación y destina 220 millones anuales a sueldos.

Con ese excedente, la administración puntana financió planes de obras públicas, sociales y educativas. Ya no podrá hacerlo si ahora sólo le mandan lo necesario para pagar salarios.