Batalla de la evasión

Más que la de Kirchner y Duhalde a la gente le interesa la batalla de los organismos oficiales recaudadores. Se difunde menos porque da miedo, por eventuales consecuencias, hablar de la AFIP nacional y Rentas bonaerenses, por un lado. Por el otro, porque es difícil criticarlos cuando puede ser interpretado como defensa de la evasión, que siempre debe ser despreciada como forma de vida de una sociedad cualquiera sea el porcentual que alcance. Pero no puede ocultarse que hay inequidades. Analistas privados consideran que no menos de 40% de los reclamos del Fisco es injusto, aunque detrás de esos inocentes quieran cobijarse evasores reales. Desde hace meses permanece en Internet un listado de Rentas bonaerenses por no cumplir con «impuestos inmobiliarios» y una leyenda sobre que «si no le corresponde estar aquí avise». Y al parecer no avisan ni regularizan porque siguen. Pero sucede que muchos casos que trascienden son imposibles de normalizar. Por ejemplo el que alquiló una casa, el inquilino no paga los impuestos y él, como propietario, figura como moroso. Si además de perseguir se quisiera construir por ley se debería autorizar a pagar esos impuestos con los meses de garantía, aunque queden desprotegidos los daños del inquilino hacia el arrendatario. No debería excluirse de inspecciones a sindicalistas y sindicatos porque la sociedad siente la injusticia. Salvo que se sienta placer con la ley del garrote debería aplicarse la novedad propuesta por Ricardo López Murphy: por los primeros $ 500 de salario no se pagan cargas que agobian a las pequeñas y medianas empresas. Se reduciría al mínimo así 47% de «trabajo en negro» -que generalmente no es voluntad evasora sino necesidad- y se daría cobertura a millones de trabajadores argentinos hoy sin ninguna. Son soluciones mínimas por no referirnos a las grandes como reducir cargas sociales elevadísimas para beneficiar gremialistas (somos el 9º país del mundo en alta presión impositiva y los 8 restantes son en su mayoría desarrollados). Del otro lado está la moral pública hipócrita de querer construir una Nación pura sólo en la recaudación pero no en el uso de los fondos, de tal manera que los gobernantes los utilizan para subsistencia política personal. Además no olvidemos que tenemos un régimen impositivo perverso sin antecedentes en otros países. El que gana dinero legalmente y pagó impuestos por ello debe gastarlo rápido en el casino, hipódromo o burdeles porque si sanamente lo ahorra le aplican un desvariante «impuesto a la riqueza». Si emite un cheque le cobran impuestos, un absurdo. Si exporta le retienen. Ante todo esto el gobierno debe, por lo menos, asegurar la equidad al perseguir. Este fin de semana se distribuyeron nuevos «listados» bonaerenses.

Trascendió ayer un listado de 150.000 personas que serían poseedoras de tarjetas de crédito emitidas por bancos del exterior y que no estarían declaradas en las presentaciones de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales. Además, y según los datos de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires, dirigida por Santiago Montoya, al menos 35.000 personas que figuran en el listado deberían, además, impuestos en esa provincia por un total de 180 millones de pesos.

Las 150.000 personas habrían incurrido en gastos en el país con estas tarjetas por más de 800 millones de pesos. Además, sólo 8.000 de estos contribuyentes habrían declarado que poseen cuentas en el exterior en entidades financieras que emiten tarjetas, aunque no dieron detalles del consumo operado con estos instrumentos de pago. Toda la información se obtuvo a través del sistema informático de Rentas bonaerense y ya fue entregada a principios de mes al fiscal nacional de investigaciones administrativas, Manuel Garrido. Se lo hizo a través de la información conseguida cuando se usan esas tarjetas al efectuar consumos en la Argentina. Si bien los bancos extranjeros son los que tienen la información total de los gastos, las empresas -comercios básicamente- donde se utilizaron las tarjetas en la Argentina, a pedido de Rentas bonaerense, dieron datos sobre números y nombres.

• Citación

Fuentes judiciales aseguraron que además de los posibles delitos de evasión impositiva, tanto a nivel nacional como provincial, se investiga si existe la posibilidad de acusar a los presuntos infractores de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, según sea el caso. En las próximas semanas, algunos de los integrantes del listado podrían ser citados por la Justicia para aclarar su situación impositiva y personal.

Antes de esto, los tribunales que actúen deberían pedir información a los bancos emisores de estas tarjetas, para que envíen los movimientos registrados en los últimos años a través de estas tarjetas. Los datos que hasta ahora tienen la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la repartición bonaerense de Montoya son de operaciones realizadas con estas tarjetas dentro del territorio nacional.

El ranking de los bancos emisores de estos instrumentos de pago lo encabeza Estados Unidos, seguido de Chile, Brasil, Alemania, Uruguay e Italia. En general, se trataría de argentinos que tienen dinero depositado en entidades financieras del exterior, y que por tener cierto nivel en las cuentas tienen activadas tarjetas de crédito que pueden ser utilizadas casi en todo el mundo. El pago mensual de los gastos se hace directamente desde la cuenta de origen y no hay necesidad de efectuar un giro desde la Argentina (salvo que no haya el dinero suficiente para cubrir la operación).

Según las leyes vigentes, y en el caso de Ganancias y Bienes Personales ( impuesto a la riqueza), los contribuyentes que residen en la Argentina y en el exterior están obligados a informar en sus declaraciones juradas patrimoniales sus cuentas bancarias, inmuebles, automóviles, tenencias financieras de todo tipo, etc. a la AFIP, siempre que todos estos capítulos sumados superen los 102.300 pesos al 31 de diciembre de cada ejercicio. Entre los bienes que deben declarar las personas figuran los depósitos y activos financieros concretados fuera del país, y en ellos se debe incluir el dinero en cualquier moneda que los residentes y no residentes posean en cuentas en bancos del exterior. Cuando un contribuyente no realice esta declaración y se le detecte eventualmente una evasión de más de un millón de pesos, puede ser pasible de la aplicación de la Ley Penal Tributaria que incluye penas de prisión efectiva. Los que hayan evadido menos tendrían que abonar multas con intereses que superan 3% mensual.