Terminará mañana en el Senado una de las guerras de intereses más intensas que se vivieron en el Congreso en los últimos tiempos en torno a una ley: la de la ecológica promoción de los biocombustibles.
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Como el kirchnerismo quiere tener a esa ley como tema central de la sesión de mañana, hoy un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Minería, Energía y Combustibles; Infraestructura, Vivienda y Transporte y Derechos y Garantías emitirán el dictamen de una idea que, en origen, fue del radical rionegrino Luis Falcó. Cumplido ese paso bajará mañana al recinto del Senado para convertirse en ley.
El proyecto en su última versión es considerado estratégico por el gobierno para promover el desarrollo del biocombustible en las pequeñas y medianas empresas.
Pero para cumplir con ese cometido, el proyecto no puede quedar en la versión que fue votada por el Senado que establecía un amplísimo plan de beneficios (hasta en el gobierno se consideró con demasiado costo fiscal) que parecía estar destinado más bien a las grandes empresas del sector agropecuario que a los pequeños productores que se quería privilegiar.
Se modificó así en Diputados el control de los beneficios, incorporando a los consejos federales provinciales en la Comisión Asesora para la producción de los biocombustibles, también se faculta a establecer precios de referencia a ese organismo y se otorga 20% del cupo fiscal a las economías regionales.
Quedan de la sanción original el establecimiento de la autoridad de aplicación, el esquema de beneficios impositivos y la facultad del Poder Ejecutivo para disponer los subsidios.
La iniciativa establece la promoción de biocombustibles como el bioetanol, biodiésel y biogás que se produzcan a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos.
La producción de biodiésel que se obtiene de aceites como los de soja y maíz, y de cualquier otra oleaginosa (tártago, canola, palma, colza), y del resto de los combustibles «verdes» tendrá el beneficio desde esta ley de poder computar la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias de los bienes empleados para su desarrollo, la devolución anticipada del IVA y una amplia exención en el impuesto a los combustibles, que en algún momento despertó dudas sobre la posibilidad de que fuera utilizado para adulterar naftas.
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