Bolivia no nacionalizará filial de Repsol

Bolivia no nacionalizará la petrolera Andina, filial de la hispano Repsol YPF, porque tiene una deuda de 177 millones de dólares, superior a los 120 millones que vale en libros, según declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, que pública hoy la prensa local.

"Si nacionalizamos, vamos a nacionalizar esa deuda, y la empresa Andina apenas vale 120 millones de dólares.

Recuperar 120 para pagar una deuda de 177 millones, eso no lo vamos a hacer", dijo anoche el ministro a los periodistas en el Parlamento.

La empresa Univen Petroquímica de Brasil ha planteado una demanda arbitral ante la Cámara de Comercio Internacional para reclamar esa deuda, informa el diario "La Razón".

Portavoces de Andina indicaron que están todavía analizando las declaraciones de Soliz y que posiblemente se emitirá un comunicado en las próximas horas.

Soliz afirmó que el descubrimiento de esa deuda fue una de las razones que atrasó el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, que promulgará el presidente Boliviano, el socialista Evo Morales, en los próximos días.

Según el ministro, la brasileña Univen presentó la demanda contra Andina por su supuesto incumplimiento de un contrato de compra-venta de condensado de petróleo suscrito por las partes.

Andina ha dicho que la demanda carece de fundamento y que el monto reclamado no guarda relación con el contrato y no tiene respaldo, explicó el ministro boliviano, según medios locales.

Repsol YPF administra y opera Andina y es dueña del 50 por ciento de las acciones; el otro accionista es el Estado boliviano, que delegó la gestión de su parte en las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) existentes en el país.

Esos fondos de pensiones son subsidiarios del Banco BilbaoVizcaya Argentaria (BBVA, de España) y la Zúrich Financial Service, de Suiza.

Según Soliz, el Estado debería enjuiciar a las dos AFP "por no haber defendido el interés de los bolivianos".

Morales ha anunciado que en los próximos días promulgará un decreto de nacionalización de los hidrocarburos que supondrá un régimen muy diferente al actual para las empresas petroleras.

Soliz precisó que cada compañía será tratada en forma diferenciada, según sus características y situaciones, y que las negociaciones para modificar los contratos vigentes pueden llevar de cinco a seis meses.