La Paz (Reuters, EFE) - Tres firmas petroleras europeas pidieron formalmente al gobierno de Bolivia la aplicación de tratados internacionales de protección de inversiones, en respuesta a una nueva ley que incrementa los impuestos, informaron ayer autoridades y fuentes empresariales. British Gas, Repsol YPF y Total solicitaron acogerse a los tratados bilaterales sobre inversiones firmados por Bolivia con el Reino Unido, España y Francia, respectivamente, dijo el ministro de Hidrocarburos, Jaime Dunn. El funcionario confirmó, en declaraciones a la prensa en el Palacio de Gobierno, un informe inicial sobre este asunto publicado por el diario local «La Prensa», que había citado al canciller, Armando Loayza.
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Casi simultáneamente con la confirmación oficial, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), que agrupa a las empresas petroleras bolivianas y extranjeras que operan en el país, dijo que se abrió un proceso de negociación sobre la nueva Ley de Hidrocarburos.
«Algunasde nuestras empresas afiliadas se han visto obligadas a notificar oficialmente al gobierno boliviano el inicio de un período de negociaciones formales de acuerdo con lo dispuesto por convenios de protección recíproca de inversiones suscriptos entre Bolivia y terceros Estados», indicó la CBH.
Señaló que las empresas esperan «una solución que haga viable y sostenible el futuro desarrollo de la industria hidrocarburífera en el país» y ratificó que la reciente reforma del régimen de la industria petrolera «ha afectado negativamentela economía de las empresas e inviabilizarálas inversiones que se encontraban previstas».
• Negociaciones
Dunn dijo que las comunicaciones enviadas por las tres petroleras marcaban el inicio de «unaserie de negociaciones con el fin de encontrar soluciones amigables a problemas originados por la nueva Ley de Hidrocarburos».
Agregó que ya se ha reunido con los ejecutivos de esas firmas y de otras que operan en Bolivia, a quienes reiteró la disposición del gobierno a buscar un acuerdo.
Según el diario «La Prensa», se abriría de inmediato un proceso de conciliación de tres a seis meses antes de un eventual arbitraje. No estaba claro si el caso llegaría a conocimiento del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial del cual son miembros Bolivia, España, Francia y el Reino Unido.
La ley vigente desde mayo en Bolivia dispone que en un plazo de seis meses, las 12 compañías petroleras que operan en el país deben ajustar sus contratos a nuevas normas, principalmente a un régimen tributario que incorpora un impuesto directo a la producción de 32%.
Ese impuesto se suma a una regalía de 18% y a los tributos generales a las utilidades, al valor agregado y a la transferencia de capitales, una carga considerada «confiscatoria» por las compañías.
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