El gobierno anunció finalmente ayer una reforma integral de la ANSeS que permitiría ahorrar $ 657 millones anuales. Dentro del plan, se promoverá la eliminación de los juicios millonarios contra el Estado, el control de las jubilaciones que pagan las cajas provinciales transferidas a la Nación y un nuevo sistema de liquidación de asignaciones familiares. Habrá reducción de gastos administrativos en el organismo, eliminación de fraudes en las cargas de familia y, por un decreto que está a la firma de Fernando de la Rúa, la ANSeS pasará a ser liquidadora de beneficios sin intermediarios. Habrá también un tope mínimo de $ 100 para acceder al cobro de las asignaciones.
Patricia Bullrich copó ayer a la mañana la reunión de gabinete en la Casa de Gobierno. La ministra de Trabajo se tomó ayer más de dos horas para describir su proyecto de reforma integral de la Administración Nacional del Seguro Social (ANSeS), que según Bullrich le permitirá al Estado «un ahorro de 657 millones de pesos por año». El programa consta de cuatro capítulos, la Reforma Administrativa, Modificaciones en las Asignaciones Familiares, las Cajas Provinciales Transferidas y Otras Reformas, como la reestructuración regional del organismo. En los cuatro capítulos se cruzan además la necesidad de mayores controles en las cajas jubilatorias y la reducción drástica de los litigios contra el Estado por orígenes previsionales. Sobre este último ítem, la funcionaria explicó que se controlarán las cajas previsionales transferidas, dado que se han comprobado «beneficios acrecentados en 35 por ciento», y mencionó como «zonas de riesgo» las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y La Rioja.
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Bullrich, que contó con el apoyo oral del titular de la ANSeS, Douglas Lyall; el secretario de Seguridad Social, Jorge Sanmartino; el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Trabajo, Luis Agostinetti; y un poderoso equipo informático donde giraban a velocidad récord las filminas del powerpoint; describió particularmente cómo en cada ítem se lograría el ahorro prometido de los 657 millones de pesos. Como aliado contó con el ministro de Economía, Domingo Cavallo, introductor de teorías administrativas como la «caja única» y la «bancarización de los pagos» para reducir «los fraudes previsionales»; de las que Bullrich hizo uso intensivo en su presentación.
La ministra, además, confirmó que en los próximos días se enviará al Parlamento una ley de lucha integral contra la litigiosidad con seis títulos, entre los cuales se incluye la ratificación de la eliminación de las jubilaciones de privilegio. También se incluirá la creación del denominado «Estado Judicial», donde a partir de la intangibilidad, sólo los jueces que se dediquen de por vida a su función con exclusividad se podrán jubilar con ese rango.
Prácticamente no hubo cruces de opinión en la reunión de gabinete, salvo el que mantuvieron el jefe del bloque UCR, Horacio Pernasetti, la ministra y el propio Presidente sobre un punto de la reforma.
Fue cuando Bullrich expuso la necesidad de dividir clara-mente las funciones de la ANSeS y la Secretaría de Seguridad Social. La primera, dijo, debe ocuparse de recaudar y pagar jubilaciones y pensiones. La segunda debe aplicar las políticas, algo clave -señaló la ministra-en el momento de inter-pretar las leyes previsionales en los juicios que mantienen particulares con el Estado.
Hasta ahora, se quejó Bullrich, no ha habido una interpretación única ni a favor del Estado en esos juicios. Eso hizo que desde 1992 la Argentina haya pagado la friolera de $ 11.638 millones en juicios perdidos, $ 719 millones de los cuales se pagaron este año y que deben sumarse a los $ 817 millones que se liquidaron por deuda consolidada a quienes no hicieron juicio. ¿Cómo ocurrió? Porque los abogados del sistema no tienen una interpretación unívoca de las leyes en favor del sistema.
Pernasetti se permitió dudar: lo importante no son tanto las interpretaciones y las formas de litigar, sino el contenido mismo de las normas.
Fernando de la Rúa, un procesalista, no podía dejar pasar eso. Les dio la razón a los dos, pero enfatizó la necesidad de que se impusiera el criterio de Bullrich. «Hay que tener una posición uniforme en los juicios», dictaminó.
Cavallo no dejó pasar la oportunidad para el elogio. Después de todo, Bullrich -pese a haberse incorporado antes que él al gobierno aliancista-milita en el ala cavallista del gabinete. «Esta es una reforma de excelencia», se exaltó. «Si se aplicasen reformas así en todos los ministerios, no haría falta hacer recortes en salarios como el de 13%», remató.
La larga explicación de Bull-rich sólo les dejó unos minutos a otros colegas, como Domingo Cavallo.
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