Buscan demorar la quiebra de LAPA

Una resolución judicial nombrando coadministradores en LAPA que deberán informar sobre «la posibilidad de continuar la actividad empresarial» busca frenar, por lo menos por esta semana, que la empresa aérea se declare en quiebra.

Mientras tanto, el gobierno, a través de la ministra de Trabajo, Graciela Camaño, convocó a los gremios y a los accionistas para que éstos se hicieran cargo de la situación y dieran una respuesta sobre la continuidad de la fuente de trabajo. SIn embargo hasta ayer no se llegó a ninguna definición, y se abrió un cuarto intermedio hasta el viernes.

En el primer tramo de la reunión, el presidente de la empresa, Mario Folchi (que renunció al cargo, pero aparentemente no le aceptaron la dimisión) debió explicar por qué destinó ayer todo el dinero disponible en caja (alrededor de 1 millón de pesos) para adelantar el pago de los sueldos de abril, que en condiciones normales deberían abonarse en los primeros días de mayo.

Folchi dijo no ser responsable de esa decisión, aunque firmó la orden para el banco, y tampoco pudo explicar por qué se anticiparon salarios, en cambio de destinar esos recursos para comprar combustible y retomar los vuelos.

La decisión de la jueza Margarita Braga, que tramita el concurso de acreedores de LAPA, no implica que la compañía retome los vuelos, aunque circularon versiones en ese sentido. Para que LAPA vuelva a volar debería haber un aporte mínimo de capital para comprar combustible y cubrir otros gastos corrientes y, por el momento, los accionistas no están dispuestos a hacerlo.

En lo que se refiere a los pasajeros, la situación ya está solucionada desde el lunes a la noche, cuando el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, acordó con algunas empresas aéreas para que éstas acepten los tickets emitidos por LAPA, los cuales serán luego descontados de impuestos o de otras deudas de estas compañías con el Estado nacional.

La resolución judicial, que había sido solicitada por los gremios, designó «provisoria y cautelarmente», coadministradores de LAPA a la sindicatura y a los abogados Horacio Lamas y Juan Carlos Carvajal. Los mismos «deberán comunicar, teniendo en cuenta la información recabada por la sindicatura y la que pudieran recabar, la posibilidad de continuar con la actividad empresarial».

En los fundamentos de la decisión, la jueza mencionó «la difícil situación económico-financiera de la deudora y los enfrentamientos y divergencias en el órgano de administración de la concursada».

La magistrada agregó que, de un lado, «su presidente, Mario Folchi, pretende solicitar la quiebra, y los restantes directores se oponen, fundados en ciertas negociaciones que creen viables a fin de posibilitar la continuidad del giro». Esto se relaciona con el eventual subsidio sobre el combustible de aviación y una suba de las tarifas de referencia fijadas por la Secretaría de Transporte, tal como en apariencia requieren dos de los accionistas: Germán Grundy, que representa a la empresa boliviana Aerosur, y Ricardo Arena. Estas dos personas recién concurrirían la reunión del viernes para continuar con las negociaciones.

La jueza indicó que estos dos directores denunciaron «la negativa del presidente de girar los fondos a las petroleras para los vuelos de Semana Santa», y reclamaron de Folchi, «la integración de los aportes comprometidos en asamblea de accionistas, para la operación de la empresa».

Según la jueza Braga, esta situación «atenta contra la correcta administración de la empresa concursada», y «el distanciamiento de los directores afecta directamente a la existencia de la sociedad». También afirmó que «se hallan en juego los intereses de los acreedores, la subsistencia de la empresa y la conservación de la fuente de trabajo.