Buscan estatizar deuda provincial

Las provincias pretenden ahora estatizar la deuda que mantienen con los organismos internacionales. Son unos u$s 2.674 millones que les deben fundamentalmente al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con la devaluación del peso, a las provincias esa deuda se les duplica y, al tipo de cambio de ayer, le significaría destinar recursos por unos 5.214,3 millones de pesos, lo cual consideran «imposible de asumir».

Por eso están presionando al gobierno para que asuma la responsabilidad de esos pasivos y a cambio aumentarían el crédito para aprobar el presupuesto. El punto central que plantean los gobernadores es que, a diferencia de la deuda en títulos públicos, donde los inversores saben que asumen un riesgo y ese riesgo está más que compensado por la tasa de interés que reciben, en la deuda con organismos internacionales de crédito no hay reestructuración. Sabiendo eso, las provincias pretenden entonces trasladar el pasivo al Estado.

Se trata de una negociación desleal que abrumaría aun más las delicadas arcas fiscales. Es que, llegado el caso, el Estado tiene un problema mayor que el de las provincias: su deuda con organismos de crédito asciende a u$s 30.000 millones, que tampoco entrarían en la renegociación y se han convertido de un día para otro en 60.000 millones de pesos.

Lo cierto es que el monto que adeudan las provincias a organismos de crédito surge de una gran cantidad de programas de todo tipo que se han venido implementando desde hace una década en el país. Un verdadero despilfarro que, en la mayoría de los casos, sólo ha servido para dar trabajo a amigos y amigos de amigos de los funcionarios de turno pero que poco ha aportado al desarrollo del país.

Estos programas crediticios se han usado para financiar el sistema educativo, para financiar caminos provinciales, exportaciones del sector agropecuario, protección de bosques, desarrollo minero. Inclusive, se da la paradoja de que la Nación ha recibido desembolsos por u$s 16 millones para invertir en el mejoramiento de la administración del gasto público, objetivo que lejos quedó de lograrse.

Concretamente, de acuerdo con estimaciones privadas, en la última década entre Nación y provincias recibieron créditos por unos u$s 15.000 millones en este tipo de programas. Como es de conocimiento público, en muchos casos este dinero se malgastó en anteproyectos y en pagar salarios abrumantes, con el agravante de que luego no sirvieron para concretar nada.

Se han comprobado estafas, donde el dinero recibido se depositaba a plazo fijo y los directores del proyecto usufructuaban luego el interés que generaba ese dinero mientras que al mismo momento la Nación, o lo que es igual, todos los argentinos, tenía que pagar los intereses de ese dinero a la institución que había prestado el dinero.

Actualmente hay en la Argentina 54 proyectos ejecutándose con el financiamiento del Banco Mundial. Otros tantos hay del BID y de Naciones Unidas.

En el caso de las provincias, la más endeudada con los organismos de crédito es Buenos Aires, que adeuda u$s 868,4 millones. Le siguen Santa Fe, con u$s 233,8 millones; Tucumán, con u$s 144 millones; Córdoba y Río Negro, con u$s 143 millones cada una, y Entre Ríos, con u$s 121,4 millones.