El gobierno dispuso ayer nuevos controles para verificar el peso mínimo de los bovinos destinados a la faena, fijado en 240 kilos, y reglamentó las sanciones por el incumplimiento de esa normativa, que contempla incluso la suspensión de las habilitaciones. Todo para que aumente oferta de ganado y no suba la carne al consumidor.
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Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, « resulta necesario establecer el procedimiento a seguir por los operadores respecto de aquella mercadería que se encuentre en infracción a lo establecido».
Por ello, dispuso que «a fin de proceder a la comercialización de reses, cuyo peso en playa de faena no supere el mínimo establecido, los establecimientos faenadores deberán comunicar dicha circunstancia mediante una declaración jurada».
La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) será la responsable de recibir esas declaraciones y quien remitirá la notificación establecida al Centro de Atención al Público.
La falta de presentación conforme a lo establecido así como la falsedad de las declaraciones juradas y/o del peso estampado en las medias reses «hará pasibles a los transgresores de la aplicación de las sanciones previstas», señala el documento, que, además, advierte que estos incumplimientos podrán ser penalizados con «la suspensión preventiva de sus inscripciones habilitantes».
