Caso Greco: imputan ahora a Lavagna y desligan a Miceli

Existen ya avances sobre lo que dirá uno de los informes de la Auditoría más esperados: el que investiga el accionar de los abogados del Ministerio de Economía en el caso Greco. Demorado -la denuncia se hizo en diciembre-, ese informe poco dirá sobre el proyecto firmado por Felisa Miceli y el resto del gobierno para disponer el pago a los Greco. Sí sobre la responsabilidad de los hombres de Roberto Lavagna en Asuntos Jurídicos y sobre un ex funcionario designado en Economía por el propio Néstor Kirchner, por haberlo asesorado en la inversión de los fondos de Santa Cruz en el exterior: Alfredo McLaughlin. Fue quien imputó, cuando se retiró de Economía a fin del año pasado, a dos legisladores del PJ como influyentes para acelerar el pago a los Greco. Ahora la Auditoría hará centro en su participación en el escándalo.

Ginebra se ha transformado para los argentinos que la visitan por estos días, durante la Asamblea Anual de la OIT, en territorio de disputas impensadas. El caso Greco también encontró lugar en la agenda, como otro ejemplo de la campaña colándose en la paz suiza. Dos de los actualesprotagonistas de esa investigación se encontraron allí: el radical Gerardo Morales y el presidente de la Auditoría General, Leandro Despouy, que ocupa ese cargo en representación del primer partido de oposición, que aún sigue siendo la UCR. Morales aprovechó el viaje para arreglar algunas cuentas pendientes con el auditor, como, por ejemplo, la demora en emitir algunos dictámenes que le fueron encargados por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso. Entre ellos hay dos que preocupan a la UCR: la auditoría sobre la actuación del Ministerio de Economía en el caso Greco y el accionar de la Secretaría de Transportes en la distribución de subsidios.

La AGN se tomó mas tiempo del usual para elaborar el informe sobre la causa Greco. Esa demora llamó la atención entre los radicales, aunque no es la primera vez que desconfían del accionar del jefe de los auditores. Las teorías sobre esos extraños comportamientos de Despouy ya pueblan el anecdotario en sus reuniones.

El resultado ahora sería previsible: el informe de la Auditoría no complicará demasiado
a la ministra de Economía en el caso, pero sí lo hará con Roberto Lavagna, por las decisiones que sus abogados tomaron en la época que ocupó el ministerio, cuando los Greco consiguieron homologar sus acreencias.

Pero no todas son buenas noticias para el gobierno.

Aseguran en la Auditoría que el informe también cargará contra un ex funcionario de Economía, Alfredo McLaughlin, que ocupó la Secretaría de Finanzas hasta el año pasado. Hombre de estrecha relación con el Presidente, renunció al mismo tiempo que arreciaban las presiones de los abogados de los Greco-Bassil por cobrarle al Estado. Un oficial de Justicia, por orden del juez Francisco de Asís Soto, que lleva la causa por el cobro del ex grupo mendocino, llegó inclusive a pegar en la puerta de su despacho una notificación y aplicó multas por el incumplimiento del gobierno en pagar. Era lógicoque fuera así: el área deuda pública estaba enteramente a su cargo, y cuando se pregunta en el ministerio quién pudo haber llevado el expediente de los Greco hasta el escritorio de la Miceli pocos dudan a quién señalar.

Pero esa distribución de responsabilidades en la Auditoría no alcanzará, de todas formas, a satisfacer a los denunciantes radicales.

Después que Felisa Miceli se presentara hace una semana a la Justicia con un informe de la SIGEN que cuestiona todo el proceso de defensa del Estado nacional en la causa original que los Greco-Bassil iniciaron para intentar cobrar lo que el gobierno de Raúl Alfonsín les reconoció como compensación por las desprolijidades en la intervención al grupo en 1980, y le pidiera al juez apurar la citación a declarar de los ex funcionarios de Roberto Lavagna responsables del área legales en Economía, el radicalismo apareció más apurado en conocer la demorada opinión de la Auditoría sobre el caso.

Por eso Morales aprovechó la tranquilidad de barrio antiguo de Ginebra para pedirle a Despouy un informe sobre los temas pendientes de despacho en su organismo.

El radical quiere lanzar en su regreso al país, después de la reunión de la OIT, un pedido a la Justicia, en este caso el juez Jorge Torres, para que apure también la investigación sobre Miceli y su equipo por el último tramo de ese escándalo, es decir, cuando solicitaron al Congreso una ampliación de deuda para cancelar, entre otras, las órdenes de pago a favor de los Greco-Bassil por $ 578 millones.

Ese tira y afloja judicial no es hoy, de todas formas, el centro del problema. Lo más complicado puede llegar de la mano de los auditores, habida cuenta de que Morales, además de denunciante del caso, es hoy el candidato a vicepresidente que acompaña a Lavagna en la fórmula.

El pedido a la Auditoría para que investigue el caso Greco fue una de las primeras medidas que tomó el Congreso en diciembre pasado, ni bien comenzó el escándalo cuando Morales y Ernesto Sanz bloquearon la votación del proyecto pedido por el Poder Ejecutivo.

Esa orden a la AGN partió de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas aprobada por unanimidad, pero a solicitud de la UCR. Era claro que, por entonces, ni radicales ni kirchneristas tenían cabal idea de hasta dónde podía llegar el escándalo. Desde ese momento hasta ahora sólo hubo especulaciones sobre el resultado del esquivo informe de la AGN sobre el caso Greco, pero ningún informe concreto. Se presume que en pocas semanas verá la luz, aunque el oficialismo ya tiene una noción clara de cuál será su contenido.