El Estado volverá a ejercer el control del espacio radioeléctrico y no lo reprivatizará, según se explicó ayer al anunciarse oficialmente la caducidad del contrato de concesión con la empresa francesa Thales Spectrum que tenía esa función hasta ahora. El anuncio estuvo en boca del jefe de Gabinete, Alberto Fernández; y el ministro de Planificación, Julio De Vido, en una conferencia en la Casa de Gobierno.
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Se trata de la segunda anulación de un contrato con una empresa privatizada que lleva adelante Néstor Kirchner ( antes fue el Correo). Fernández explicó que es «una decisión del Presidente» que esa actividad quede en la órbita oficial, «porque el manejo del espacio radioeléctrico es una tarea indelegable del Estado nacional».
Thales se encargaba de monitorear y cobrar la tasa a usuarios privados del espacio radioeléctrico (celulares, radiotaxis, canales de TV, etc.), controlar que se respeten las frecuencias y mantener despejado ese espacio para las fuerzas de seguridad y de control aéreo. Ahora esa función quedará bajo el control de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que utilizará su propio personal para cumplir con el servicio.
De Vido señaló que «la CNC tiene personal profesional lo suficientemente capacitado como para llevar adelante el control y monitoreo el espectro radioeléctrico» y que «no es necesario contar con el apoyo operativo del personal de esa empresa». Agregó que «en este momento las autoridades de Thales están siendo notificadas por el escribano general del gobierno y el gerente de la CNC y en forma simultánea se está haciendo la toma de posesión de todos los centros de monitoreo fijo en toda la República Argentina».
Los funcionarios recalcaron que la decisión de revocar la concesión se adoptó luego de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) revelara que la empresa incumplió «70% de sus obligaciones contractuales», lo que supuestamente causó al Estado un perjuicio de 300 millones de pesos. El interventor de la CNC, Fulvio Madaro, explicó que «la Argentina y dos países de Africa eran los únicos en el mundo que contaban con su espectro radioeléctrico bajo esquema de privatización».
La determinación de anular esta concesiónsurgió luego de una serie de informes negativos de la SIGEN y tras haber cursado distintas intimaciones a la empresa, también sospechada por «superganancias». Entre las denuncias más fuertes figura una que se conoció en octubre último, cuando la revista francesa «Le Point» publicó una investigación en la que se acusó a la empresa de haber girado 25 millones de dólares que habrían terminado en cuentas de paraísos fiscales, a cargo de ex funcionarios argentinos.
El informe que la Auditoría General de la Nación (AGN) remitió a la Justicia denuncia que al igual que la empresa Thales Spectrum incurrió en graves irregularidades, lo hicieron los organismos de contralor, tales como la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y la Comisión de Seguimiento del Contrato (Consegui). La Auditoría indicó, además, que «el beneficio neto social a favor del Estado nacional y del público en general ha sido significativamente menor al previsto, mientras la empresa logró ganancias por sobre lo normal».
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