Los intendentes de todo el país lograrán extraer a Nación el cumplimiento de un pedido de larga data cuando se reúnan con el presidente Eduardo Duhalde el 6 de diciembre próximo. Ese día, en algún alto de la discusión sobre asignación y manejo de fondos sociales en la quinta de Olivos, el mandatario firmará la transferencia de unos 200 inmuebles a los municipios. Se trata de aquellos comprendidos en la Ley 24.156, por la cual las comunas -así como gobiernos o entidades de bien público- pueden solicitar la propiedad de inmuebles nacionales para la instalación de centros con alguna función social, como educativos, deportivos o de salud.
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Se trata de inmuebles, terrenos y tierras de ferrocarriles que, en muchos casos, ya son utilizados con un permiso provisorio para los cuales se haya aprobado el traspaso. El límite de la operatoria son los $ 300 mil, y todo exceso de esa suma será ajustado a través de un plan de pagos.
Como el proyecto tiene como eje la función social, el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) se encargará de controlar de que si el municipio no cumple con el cargo por el cual solicitó el inmueble, éste vuelva a Nación. En la transferencia de propiedades a municipios también se aplicará la llamada ley de silos, instalada en su momento para que los empresarios colocaran los silos cerca del tren, pero hoy, como los ramales están en desuso, estas tierras deben ser devueltas al Estado.
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