Chaco: investigan una megaventa de tierras

Según datos oficiales, el Chaco produjo un récord económico: vendió 13% de su territorio en los últimos 5 años bajo un sistema que busca evitar la concentración de la propiedad y la huida rural a centros urbanos.

Pagando $ 2,7 y un máximo de $ 107 la hectárea, empresas y pequeños productores -que las consiguen en el mercado de $ 50 a $ 500- pudieron ocupar esas tierras.

Son 1.300.000 hectáreas ubicadas en los departamentos de Almirante Brown y Güemes, región más conocida como El Impenetrable. Muy rica en madera aunque inhóspita.

Ahora, al Chaco sólo le quedan 150.000 hectáreas libres de ocupantes, y los legisladores e inmobiliarios dudan sobre la metodología que se utilizó para la adjudicación de la vasta extensión agropecuaria y el destino de los fondos recaudados.

Los que cuestionan la megaventa temen que el verdadero interés de los compradores residiría en la explotación forestal a bajo costo o en la reventa a precios de mercado.

Amparados en este supuesto, legisladores y dirigentes empresarios solicitaron un informe que la administración de Angel Rozas se comprometió a presentar en los próximos días, donde se explicará a quiénes se vendieron las tierras fiscales de El Impenetrable, cómo, cuándo y a qué montos.

Quieren comprobar, entre otras cosas, si los nuevos dueños cumplen con los requisitos de venta de la Ley provincial 2.913, que sólo habilita a comprar en forma directa a productores asentados en la zona durante 3 años como mínimo, hijos de productores o aborígenes, entre otras condiciones. Esta misma ley permite que en el Chaco se pueda comenzar a explotar la tierra forestalmente cuando el comprador abonó 10% del valor total de la propiedad. Por eso, es posible realizar contratos de explotación con terceros a los que no les interesa la producción.

• Polémica

« Si las hectáreas se pagaron a los precios que se indicaron por $ 2 explotan la riqueza de las tierras y se llevan la madera», resumió el diputado chaqueño Juan Carlos Bacileff Ivanoff, del bloque justicialista.

En cambio, para la administración del gobernador Angel Rozas, los números parecen estar claros.

El encargado de la venta de tierras fiscales es el Instituto de Colonización, dependiente del Ministerio de Producción del distrito y conducido por Carlos Esteban Gasko.

« Hasta 250 hectáreas, cobramos $ 2,7 y, por más de eso, desde $ 18 a $ 107. Fue una decisión política para favorecer a los pobladores históricos. Un 80% de los fondos obtenidos se utilizó para el funcionamiento del Instituto y el resto, 20%, en un fondo de crédito para pequeños productores», dijo Gasko.

El Instituto de Colonización es un organismo autárquico creado a principios de los '70 y sostenido gracias a la venta de campos.

En 1995, la provincia contaba con 2.600.000 hectáreas fiscales. El gobierno del Chaco declaró vendidas 1.300.000 de 1997 a 2002, ocupadas 1.700.000 fiscales y 150.000 libres de colonos.

«Si estas tierras se adjudicaron en tan poco tiempo estaríamos ante un boom productivo y poblacional. Pero la realidad es otra. El agro anda mal y la población rural disminuyó», explica el inmobiliario Carlos Caravaca Pazos, dedicado a la venta de campos en la provincia.

Los cuestionamientos al Instituto de los legisladores, inmobiliarios y miembros de la Federación Económica provincial comenzaron a medidos de setiembre pasado, cuando se conoció públicamente la cifra real de hectáreas fiscales vendidas.

El 23 de ese mes, Gasko debió reunirse para dar explicaciones sobre la operatoria.

«La gravedad de este hecho puede residir en que las tierras se hayan entregado no por adjudicación sino a través de permisos. Si se dieron por permisos, lo que se produce en ellas debe estar destinado a mejoras del predio», entendió Bacileff Ivanoff.

Un dato no menor es que las adjudicaciones en venta habrían sido otorgadas en forma directa sin concurso de precios. Si bien lo autoriza la ley, «no se tuvieron noticias de un concurso así para la venta», dijo el diputado justicialista.

El ministro de la Producción del Chaco, Oscar Dudik, insistió que « en este tema, no hay irregularidades. El Instituto actúa en función de la ley de tierras y las inmobiliarias se molestan por este tipo de legislación. La venta la anunciamos como un logro, no como un hecho político».